TIJUANA.- La Fiscalía General del Estado obtuvo un auto de vinculación a proceso para un sujeto que fue asegurado en flagrancia delictiva, luego de presuntamente participar en los delitos de privación de la libertad agravada y homicidio calificado en grado de tentativa.
De acuerdo con la carpeta de investigación judicializada por la Fiscalía Regional de Tijuana, el imputado José Ángel “N” permanecerá en prisión preventiva justificada durante tres meses, periodo establecido para la culminación de la investigación complementaria.
El imputado, José Ángel “N”, presuntamente participó el pasado 7 de agosto de 2024 en la privación ilegal e intento de homicidio de un hombre.
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A las 19:55 horas de la fecha señalada, el imputado, en compañía de otras dos personas, un hombre y una mujer de identidad desconocida, privaron ilegítimamente de la libertad a la víctima, empleando violencia moral.
En la calle Leandro Valle de la colonia Aguaje de la Tuna, la víctima fue forzada con un arma de fuego, a subir a un vehículo Nissan Sentra color blanco con una franja de cuadros negros y amarillos. Posteriormente, a la altura del bulevar Cuauhtémoc Sur, en la colonia Gutiérrez Ovalle, la víctima aprovechó un descuido, abrió la puerta trasera del vehículo y se lanzó al piso. En ese momento, el agresor le disparó, lesionándolo. Momentos después, José Ángel “N” fue detenido por oficiales de la Policía Municipal.
Una vez integrada la carpeta de investigación por el Ministerio Público y puesto el detenido a disposición del Juez de Control, se llevó a cabo una audiencia para resolver la vinculación a proceso por privación ilegal de la libertad personal agravada y homicidio calificado en grado de tentativa. Se determinó iniciar el proceso penal en su contra, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva, así como un plazo de tres meses para la realización de la investigación complementaria.
La Fiscalía General del Estado fortalece la labor de persecución del delito mediante métodos de investigación para esclarecer los hechos, buscando que los responsables sean procesados ante la justicia, para no dejar impunes los delitos que afectan la integridad de los bajacalifornianos.