La diputada Iraís Vázquez,  presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos del Estado, con el propósito de crear la Contraloría Social, la cual permitiría a la ciudadanía participar en la revisión del gasto público.

La propuesta fue presentada este día durante la sesión ordinaria celebrada por la Vigésima Segunda Legislatura, la cual fue conducida por el diputado Ignacio García Dworak, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Se trata de reformar los artículos 7,9, 84, 98, 112, 113, y adicionar un 114 bis, además de  adicionar un Título Sexto denominado “De la Contraloría Social”, a la mencionada ley, para efectos de la fiscalización de los recursos públicos.

La iniciadora explicó que la referida Contraloría Social se sustenta jurídicamente en los derechos de información, de petición, de asociación y de participación en diversos sectores de la sociedad, para la planeación democrática del desarrollo nacional, los cuales están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 6, 8, 9 y 26.

La diputada Iraís Vázquez, explicó que si su propuesta es aprobada por el Pleno, la sociedad civil podrá presentar ante la Comisión de fiscalización del Gasto Público peticiones, propuestas, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas, mismas que podrán ser consideradas por el Órgano de Fiscalización en el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones y los resultados deberán ser considerados en el Informe de Resultados.

Además, abundó, al reconocer la existencia legal de las contralorías sociales en los términos de la Ley de Desarrollo Social, estas mismas podrán coadyuvar con el Órgano de Fiscalización y la Comisión en la fiscalización y la evaluación del uso de los recursos públicos y los ciudadanos podrán realizar tareas de observación y vigilancia del Órgano de Fiscalización, por lo que la Comisión recibirá de parte de la sociedad opiniones, solicitudes y denuncias sobre el funcionamiento de la revisión que ejerce el órgano oficial, a efecto de participar y se abre la posibilidad de utilizar herramientas tecnológicas en la mecanización de la contraloría social.

Con esta iniciativa se hace obligatorio que todo gasto social a nivel  municipal y estatal sea vigilado y fiscalizado por la sociedad organizada.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público de la XXII Legislatura para su análisis y posterior dictaminación.