Ante la escasez de seguridad y prevención del delito que estamos atravesando en nuestra región se denosta una separación innegable entre la sociedad y las instituciones que representan la procuración de justicia y la prevención que hoy en día dejan sin sustento jurídico a los jueces del Nuevo Sistema de Justicia Penal, mencionó Álvaro González.
El especialista en derecho penal, dijo que derivado de la importancia que le dio el constituyente a los cuerpos de seguridad pública se dejó caer el éxito o fracaso de este nuevo modelo de justicia bajo el principio rector de ciudadanizar las tareas de seguridad y no caer en la militarización.
“La Constitución es muy clara, en el artículo 21 donde reza que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Sin embargo seguimos viendo la falta de profesionalización de la policía donde por el temor al llenado del informe policial homologado y por no llevar en los hombros el peso de ser el primer respondiente no cumplen cabalmente con sus tareas de prevención o reacción.
En estos momentos lo que como sociedad exigimos son las reformas a la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales que se adecuen a la realidad que estamos viviendo y a su exigencia social, ya que la delincuencia se ha visto favorecida y se ha adaptado mejor que nadie a este nuevo modelo al aprovecharse el estiramiento de la liga de los derechos humanos y con órganos jurisdiccionales con una óptica en demás garantista”, señaló.
En estos días, agregó, se hizo el anuncio de la integración de las fuerzas armadas en los trabajos de reforzamiento de seguridad, donde solo tendrán esa facultad ya que el código nacional de procedimientos penales los dejaron fuera en el ámbito de la investigación y persecución de los delitos y solo los deja como observadores dentro de las áreas de seguridad limitándolos únicamente a la detención de aquellos delitos en flagrancia como auxiliares del primer respondiente.
Indicó que la autoridad municipal no debe perder la visión de otros delitos que son de su competencia y que ciertamente hay un problema de homicidios y delitos de alto impacto, aunque en ellos no está el grueso de la delincuencia.
Ya que según datos del INEGI, añadió, a nivel nacional de los 22 millones de delitos que se cometieron el año pasado el 53% fue por el delito de robo en cualquiera de sus modalidades, que es lo que afecta el día a día de los tijuanenses.
Manifestó que si sumamos el robo con delitos contra la salud se va al 80%, lo que refleja que el alto índice del incremento de consumo de drogas habla sobre la falta de programas de prevención de consumo de estupefacientes y de centros de atención a estos mismos.
“Desde un punto de vista académico estoy consciente de la enorme responsabilidad que tienen las autoridades para atender la problemática que representa la inseguridad pública en Tijuana y hacer frente no sólo a estos hechos violentos sino cumplir con las tan mencionadas reformas constitucionales.
Aunado a todo esto los ciudadanos debemos estar consientes que al igual para lograr un cambio radical será necesario sumar esfuerzos siendo partícipes en la prevención del delito. Para alcanzar este propósito hay que transitar sobre una nueva política pública, por la seguridad y justicia de los tijuanenses ante este cambio histórico del sistema penal mexicano”, expresó.