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TIJUANA.- Por vulnerar la salud de las y los bajacalifornianos y al ecosistema de la entidad, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SMADS), a través de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA), prepara un procedimiento administrativo por el uso de pirotecnia durante las Fiestas Patrias recientes.

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El cuidado a la salud de la ciudadanía  y al ecosistema del Estado son temas prioritarios para el gobierno de Marina del Pilar, por esto se impulsa el uso de alternativas a la pirotecnia como el espectáculo con luces y drones que cada año se realiza en la Capital del Estado desde el inicio de esta administración estatal, haciendo posible el cuidado a la calidad del aire durante los festejos por la Independencia de México.


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La titular de la SMADS, Mónica Vega Aguirre, instruyó a la Procuraduría de Protección al Ambiente para que inicie un procedimiento formal por el uso de la pirotecnia, como es el caso de Tijuana que cuenta con una prohibición vigente desde 2019 cuando se reformó su Reglamento para la Prevención y Control del Ruido.

En el caso específico del Ayuntamiento de Tijuana, previo a los festejos se le emitió una recomendación mediante un oficio para destacar la importancia de acatar lo que dicta el artículo 28 del mencionado reglamento, que estipula la prohibición del uso de estos artefactos sin excepciones.

También se le mencionó las alertas que se activaron los días 6 y 8 de septiembre del presente año por mala calidad del aire en la ciudad, debido a que ciertas condiciones atmosféricas propiciaron la alta concentración de contaminantes con riesgo la salud de las y los tijuanenses, así como al ecosistema.

La Procuraduría de Protección al Ambiente actuará conforme a lo que dicta el artículo 112 de la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Baja California, mismo que otorga facultades para que la SMADS sea la autoridad que vele por la prevención, control y reducción de los contaminantes en la entidad.

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, hace un llamado a todos los municipios para que procuren la protección a su ecosistema y a la salud de la ciudadanía, aperturando la disposición de esta autoridad estatal para guiarlos en la búsqueda de mecanismos que los asistan en lograr estos objetivos.