Preocupa nueva ley de agua a Grupo Unidos por Tijuana

La nueva ley de agua genera preocupación en el Grupo Unidos por Tijuana A.C., cuyo presidente, el doctor José Antonio Serratos García, llamó a la ciudadanía a mantenerse atenta a sus implicaciones, especialmente en materia de propiedad privada y rendición de cuentas de las autoridades.

Preocupaciones empresariales y ciudadanas por la nueva ley de agua

De acuerdo con Serratos García, la nueva ley de agua no contempla con claridad sanciones para las y los funcionarios responsables de operar los sistemas de agua, aun cuando se adviertan omisiones o fallas en su actuación. Agregó que, en las principales ciudades del país, se estima que alrededor del 50 por ciento del agua se pierde en fugas, y la nueva ley de agua no establece mecanismos suficientes para reducir ese desperdicio en beneficio de la población.

El presidente de Unidos por Tijuana sostuvo que la norma también es motivo de análisis entre sectores productivos y especialistas en derecho, al considerar que algunos artículos podrían abrir la puerta a controversias jurídicas relacionadas con la propiedad de pozos y el control del recurso hídrico por parte del Estado.

En ese sentido, consideró que existe material para impugnar distintas disposiciones de la nueva ley de agua ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque reconoció que el desenlace dependerá de la interpretación que hagan las y los ministros.

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Artículo 22 y propiedad privada en la nueva ley de agua

Uno de los puntos que más inquietud genera es el artículo 22 de la nueva ley de agua, que establece que cuando se pretenda enajenar un inmueble que cuenta con pozo, este será materia de un procedimiento en el que no podrá concretarse la enajenación y el aprovechamiento del pozo será recuperado por el gobierno federal.

Serratos García advirtió que esta disposición podría interpretarse como el inicio de un esquema de control más amplio del Estado sobre bienes vinculados al recurso hídrico dentro de la propiedad privada. Antes de este cambio, explicó, la ley contemplaba que el pozo se transmitía junto con la propiedad para su uso en las parcelas, y que, tratándose de concesiones, no tendría por qué abrirse un procedimiento para que el Estado decidiera si el nuevo propietario conserva o no el derecho sobre esa agua.

Afirmó que esta modificación genera incertidumbre en torno a la seguridad jurídica de quienes poseen o adquieren predios con pozos, y abre interrogantes sobre el alcance de las facultades del gobierno federal en este tipo de casos.

Cierre de negocios y entorno económico en Baja California

El también catedrático de derecho expresó su preocupación por el contexto económico en Baja California, donde, según datos que refirió, se estarían registrando cierres de más de 800 negocios al mes, con la consiguiente pérdida de empleos y afectación a la economía local.

Serratos García señaló que, frente a este escenario, debería privilegiarse la simplificación de trámites y el acompañamiento a las empresas, en lugar de endurecer procesos o sumar cargas que desincentiven la apertura y permanencia de negocios.

Cuestionó que, en lugar de brindar facilidades, persistan prácticas como trámites engorrosos o cobros que terminan por presionar a pequeños y medianos establecimientos. Por ello, hizo un llamado a que las autoridades revisen y ajusten sus políticas para favorecer la actividad económica formal y evitar que continúe el cierre de negocios en la entidad.

Concluyó que, tanto en el tema de la nueva ley de agua como en el del entorno económico, es fundamental que la sociedad se mantenga informada, participe en el debate público y exija certeza jurídica y condiciones adecuadas para el desarrollo de las familias y del sector productivo de Baja California.