TIJUANA.-Piden juicio político contra Lorenzo Córdova por inmiscuirse tanto él como otros consejeros del INE en la política de Baja California explica el expresidente del Colegio de Abogados de Tijuana, y de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, Tirso Adolfo Liévano Hernández.
El abogado señala que Lorenzo Córdova Vianello y otros consejeros, que violando sus propios lineamientos, se han inmiscuido en la vida política del estado libre y soberano de Baja California.
A sabiendas que sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinará la ampliación o no del ejercicio del Ejecutivo del estado, consejeros del Instituto Nacional Electoral, opinan y critican sobre la decisión del Congreso de Baja California, sin revelar el interés o grupo que los mueve.
Por lo anterior, el expresidente del Colegio de Abogados de Tijuana, y de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, Tirso Adolfo Liévano Hernández, es que piden juicio político contra los representantes del INE, porque los consejeros, encabezados por Lorenzo Córdova.
Están violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se señala en el artículo 41, fracción V, apartado A, en cual dice que los principios rectores de este órgano son "La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad", lineamientos que no están respetando.
Tirso Adolfo Liévano dijo que estos consejeros electorales no tienen ninguna facultad para estar opinando acerca de una decisión soberana de una entidad federativa so pena de estar violando la Constitución Federal y por ende podrán ser sometidos a un juicio político.
Los otros consejeros, que junto con Córdova Vianello, se han dedicado a criticar la soberanía de Baja California, son Marco Antonio Baños Martínez, Ciro Murayama Rendón y Pamela San Martín Ríos y Valles.
Por último expresó Liévano que México es un país de leyes y la ampliación del término del ejercicio del Ejecutivo Estatal, fue impugnado y como indica la Constitución Federal, en estos momentos lo está analizando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como máximo órgano de impartición de justicia en el país, es el único facultado para conocer y resolver este asunto.