TIJUANA.- Luego que la Fiscalía General del Estado judicializara un caso de tortura contra el exsecretario de Seguridad Pública de Tijuana, Julián Leyzaola Pérez este responde.

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“Esto parece un cuento de nunca acabar, he litigado varías veces este asunto tanto en lo administrativo como en lo penal; dos veces me han inhabilitado y dos veces las he tumbado”, explicó mediante una publicación en sus redes sociales.

El excandidato a la presidencia Municipal de Tijuana dijo estar complacido por la “consignación de la averiguación” puesto que esto quitará la posibilidad de que quienes vean en él una amenaza en las elecciones lo usen en su contra.

“Afortunadamente la justicia administrativa me ha dado la razón y espero suceda lo mismo en esta caso penal; celebro que se haya consignado la Averiguación, porque así se Pone fin a un hostigamiento permanente con cada gobierno que va llegando y se siente amenazado por la posibilidad de pelear conmigo en campaña electoral, ven en la consignación la salvación y tratan a toda costa de evitar esa contienda”, continuó.

“Puedo agregar que como sucedió en los tribunales administrativos con la inhabilitación, hoy confío ampliamente en la Justicia Penal y espero que como lo hicieron los Señores Ministros de la Suprema Corte, también en este asunto pongan en su lugar a estos mafiosos que se apoderaron del gobierno bajacaliforniano”, finalizó.


Orden de aprehensión contra Leyzaola

TIJUANA.- La Fiscalía General del Estado (FGE) judicializó la investigación contra el Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez por lo que es espera que en breve una orden de aprehensión.

La determinación va contra el excandidato a la presidencia municipal de Tijuana y también contra el capitán Gustavo Huerta Martínez quien fue director de Policía de Tijuana en 2008.

Las investigaciones contra Leyzaola Pérez y Huerta Martínez derivan de las recomendaciones emitidas en su momento por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH BC) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).


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A ambos exfuncionarios se les acusaba de los delitos de tortura, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza contra policías de Tijuana cuando implementaron una estrategia para eliminar la corrupción en la corporación donde se pretendía sustituir mandos.

Apenas en 2013 el Teniente fue inhabilitado por ocho años para ejercer un cargo en Baja California derivado de las violaciones a los Derechos Humanos, resolución que logró anular.


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