
Omisiones de la FGE propiciaron feminicidio de dentista en Tijuana
CEDHBC acredita que omisiones de la FGE en denuncias de violencia derivaron en feminicidio en Tijuana. Exigen sanción a funcionarios.
La víctima solicitó protección en dos ocasiones; errores administrativos retrasaron el auxilio
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió la Recomendación 2/2026 dirigida a la Fiscalía General del Estado (FGE), tras acreditar violaciones graves al derecho a la vida y a la seguridad jurídica. El organismo señaló que la falta de diligencia y la demora en medidas de protección derivaron en el feminicidio de Maria Fernanda N, de profesión dentista y madre de dos pequeños.
El historial de las denuncias ignoradas
En julio de 2021, la víctima acudió en dos ocasiones a la FGE:
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- Daño en propiedad ajena: Su expareja irrumpió en su trabajo destruyendo equipo médico. La autoridad tardó 18 días en prohibir al agresor acercarse a ella.
- Violencia familiar: Denunció insultos y agresiones constantes. Aunque se dictaron medidas, la CEDHBC detectó que se enviaron a domicilios incorrectos o llegaron a la Policía Municipal hasta 10 días después de ser emitidas.
Consecuencias fatales
Debido a esta cadena de errores y dilaciones, la tarde del 11 de agosto de 2021 se consumó el feminicidio de la víctima. La CEDHBC acreditó que el personal adscrito a la FGE no actuó bajo los estándares de urgencia que el caso ameritaba.
Puntos clave de la Recomendación:
- Actualización de Protocolos: Incluir mecanismos de supervisión y verificación real de domicilios de víctimas y agresores.
- Capacitación Obligatoria: Cursos con perspectiva de género para todo el personal ministerial.
- Sanciones Administrativas: Dar vista a la Contraloría de la FGE para investigar a los servidores públicos que gestionaron las carpetas.
- Investigación con Perspectiva de Género: Instruir que toda muerte violenta de mujer se investigue bajo la hipótesis de feminicidio desde el inicio.
La FGE tiene un plazo de diez días hábiles para pronunciarse sobre la aceptación de esta recomendación. De lo contrario, el Congreso del Estado podría llamar a comparecer a los responsables.



