MEXICALI. – El abogado Jorge Álvaro Ochoa Orduño presentó, ante el Poder Legislativo, su proyecto para buscar la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), destacando el respaldo de más de cien organizaciones de la sociedad civil.
“A 30 años de la creación del primer organismo protector de derechos humanos en Baja California y a más de una década de la reforma constitucional del 2011 que se conoce como una reforma transcendental en materia de derechos humanos en el país, la CEDHBC se encuentra ante una serie de retos que requieren que, quien la presida, los enfrente con conocimiento, experiencia, capacidad, responsabilidad, sensibilidad, estrategia y determinación”, destacó.
Ochoa, que actualmente se desempeña como secretario ejecutivo de la CEDHBC, agregó que el crecimiento poblacional, la creación de nuevos municipios, la ubicación fronteriza de nuestra entidad que la convierte en un destino recurrente de personas en contexto de movilidad; las complejidades de la post pandemia, la dinámica binacional generada por distintas razones (visitas turísticas, laborales, médicas, familiares, etc.) y demás particularidades de nuestro Estado, aunado a la falta de perspectiva de derechos humanos que persiste en algunas autoridades y personas servidoras públicas locales, genera que la necesidad de intervención de la CEDHBC se expanda y se multiplique, pero de manera atinada y efectiva.
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Jorge Ochoa puntualizó que se registró para buscar la titularidad de la CEDHBC dado que cuenta con más de 15 años de experiencia como promotor y defensor de derechos humanos, además de contar con el respaldo manifiesto de más de 100 organizaciones de la sociedad civil de todo el Estado, expresado a través de cartas de apoyo.
Añadió que su lucha será por la construcción del respeto de los derechos humanos, para realizar un trabajo de superación al interior del Organismo que lo haga más eficiente y le permita ofrecer mejores servicios y atención a todas las personas, pero principalmente, a quienes hayan sido víctimas de violación de sus derechos humanos.
Finalmente, destacó la importancia de generar una sinergia con los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de Baja California para establecer una alianza que coadyuve en inhibir prácticas reiterativas de violaciones a los derechos humanos y en crear políticas públicas que incidan en un mejor desempeño en la prestación de los servicios públicos.
Cabe mencionar que Jorge Ochoa es la propuesta formal para que ocupe el cargo por parte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y, entre las más de 100 organizaciones civiles que lo respaldan, se encuentran Acción Social en Red, Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, Coalición Pro Defensa del Migrante, Comité Orgullo Mexicali, Comunidad Cultural de Tijuana, Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, Consejo Estatal de Asociaciones de Abogados de Baja California, Documenta, Elementa, Eunime por Tijuana, Gente Diversa, It Gets Better México, Casa de la Mujer Indígena, Pro Salud, Red de Mujeres Unidas por Baja California, Todos Somos Erick Carrillo y World Vision México.
De igual forma, cuenta con el apoyo de de la fundación Canal 66, la Facultad de Derecho en Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Paralelamente, cuenta con el apoyo de Raúl Ramírez Baena y Heriberto García García, exprocuradores de Derechos Humanos en el estado.
Perfil de Jorge Ochoa
Jorge Álvaro Ochoa Orduño es abogado por la UABC, y especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Es miembro activo del Colegio de Abogados Emilio Rabasa. De igual manera, se ha desempeñado como docente en la facultad de Derecho de la UABC, en el ese entonces denominado Instituto Estatal de Policía y en la Universidad de Tijuana (CUT). Asimismo, tiene una trayectoria de 25 años en la abogacía y, como servidor público, en donde destaca haber sido coordinador en Tijuana, del Programa Nacional de Reforestación, así como coordinador del Programa de Estancias Infantiles en el Estado de la ese entonces Sedesol, ambas dependencias del Gobierno Federal; fue funcionario en el Poder Judicial Federal, fue Juez Municipal y fungió como el primer titular de la Unidad Municipal de Derechos Humanos, ambos del Ayuntamiento de Tijuana y encabezó la Primera Visitaduría General, la Secretaría Ejecutiva, así como la Dirección General de Quejas y la Dirección de Visitadurías del Organismo Público Autónomo de Derechos Humanos de Baja California.