Alberto Capella tenía razón, lo atacaron en medios porque no los dejó operar la millonaria estafa
Desde 2014 opera en destinos turísticos de México una red que roba cientos de millones de dólares a través de cajeros automáticos legales.
La proporción del desfalco a los tarjetahabientes, las relaciones de los líderes de esa organización rumana con personajes que han sido ligados a diferentes gobernadores y distintos escándalos de corrupción, varios asesinatos no esclarecidos y campañas mediáticas para desprestigiar a policías que se les han enfrentado constituyen algunos de los elementos de una trama que deja rastro en tres continentes.
Entre ellos Alberto Capella, titular de la secretaría de seguridad pública de Quintana Roo.
Alberto Capella les cerró el paso, impidiendo que trabajaran impunemente, lo que terminó por derrumbar el millonario fraude
Los rumanos mafiosos habrían pagado enorme campaña mediática para acusar el funcionario policiaco de corrupto, cuando en realidad les había cortado la cadena de complicidad que tejieron durante años con pasados gobiernos.
Durante ocho meses, el equipo de periodistas revisó cerca de 15 mil páginas de documentos de autoridades rumanas y mexicanas, obtuvo registros de propiedad en cuatro continentes y realizó entrevistas con docenas de fuentes para reconstruir la trama del grupo criminal que tomó como su base de operaciones la Riviera Maya, pero que se extendió a la zona turística de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas (Jalisco y Nayarit) y Baja California.
La operación de la banda rumana inició en marzo de 2014, cuando a través de una empresa fachada de nombre Top Life Servicios, firmó un contrato con banco Multiva para instalar cajeros automáticos de la marca Intacash en centros turísticos, los cuales fueron utilizados para clonar tarjetas de los turistas y robarles su dinero.
Multiva es parte de un conglomerado operado por Olegario Vázquez Aldir, miembro de una de las familias más adineradas de México y designado en 2018 en el consejo asesor empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Algunas de las tarjetas clonadas en México eran utilizadas para sacar el dinero en otros países. Los skimmers y recaudadores de la banda operaban en Indonesia, India, Barbados, Granada, Paraguay, Brasil, Japón, Corea del Sur y Taiwán.
«Controlamos alrededor de 100 cajeros con chips instalados en ellos… En promedio, cada máquina copiaba cada mes unas mil tarjetas. Retirábamos alrededor de 200 dólares de cada una de estas tarjetas. 20 millones de dólares retirados cada mes», declaró un exintegrante de la banda que se convirtió en testigo de la fiscalía rumana.
Los ingresos anuales sumaban unos 240 millones de dólares.
La estafa en los cajeros automáticos se extendió hasta mediados de 2019, por lo que el monto hurtado podría haber sumado 1,200 millones de dólares.
Para manejar los beneficios económicos, la banda rumana creó en 2015 la Inmobiliaria Investcun, la cual fue utilizada para comprar un terreno en una zona privilegiada de Cancún, donde se edificó una mansión de varios pisos con piscinas en la azotea y ascensores, además de estar involucrada en el desarrollo de un proyecto residencial y de golf en Puerto Morelos, un destino turístico entre Cancún y Playa del Carmen.
Autoridades de Estados Unidos, Rumania y México han identificado al empresario Florian Tudor “El Tiburón”, residente en Cancún, como el presunto líder de esta banda.
Pero Tudor niega las acusaciones y dice que todo forma parte de una campaña de difamación porque se negó a ser extorsionado por autoridades policiacas.
Javier Ocampo García, quien como delegado de la Fiscalía General de la República había iniciado en 2019 una investigación contra Tudor, aseguró que hay indicios y elementos que demuestran complicidad de autoridades de distintos niveles para proteger a la banda rumana.
Hay vínculos políticos de protección a Tudor, añadió Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, cargo que desempeña desde septiembre de 2018, cuando la banda ya tenía cuatro años operando en la Riviera Maya.
En la investigación periodística se logró documentar que personajes ligados a encumbrados políticos del PRI y del PAN, como gobernadores y secretarios de Estado, han hecho negocios o han colaborado con el presunto grupo criminal.
Javier Valadez Benítez, director de Multiva, dijo que el banco no tenía ni idea de quién era Tudor ni de su relación con Top Life hasta que fue arrestado el 30 de marzo de 2019 en Cancún, por portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
“En el momento que nos enteramos de que había un tema alrededor de Top Life y aparecía el nombre de este señor, aun cuando no lo conocíamos, lo que hicimos fue finiquitar dicho acuerdo comercial”.
Dijo que desconocían que autoridades rumanas, mexicanas y estadounidenses llevaban a cabo investigaciones contra la organización de Tudor, pues éstas nunca contactaron el banco.
Migración autoriza trabajar a delincuente buscado en Europa
El 19 de noviembre de 2013, la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) en la Ciudad de México expidió un permiso para trabajar, por dos años, a un delincuente de Rumania que tenía órdenes de detención internacionales por haber participado en un esquema de saqueo de cajeros automáticos en Italia y el Vaticano.
La tarjeta de residente temporal y el permiso para trabajar se expidió a nombre de Paul Daniel Ionete, que era el nombre apócrifo que utilizaba Adrián Constantin Tiugan, el estafador que era buscado por autoridades de justicia en Europa.
El nombre supuestamente se lo había robado a un delincuente rumano de bajo perfil dedicado al tráfico de drogas.
Un mes después de haber obtenido su identidad migratoria, Tiugan viajó a Cancún y el 20 de diciembre de 2013 formalizó ante el notario Luis Gabriel Palacios Velasco la creación de Top Life Servicios. Antes de que la empresa cumpliera tres meses ya había concretado su primer gran contrato: el 1 de marzo de 2014, firmó con banco Multiva la colocación de los primeros cajeros en Quintana Roo.
En julio de 2015 se expandió a Jalisco, en donde recibió permiso de autoridades locales para colocar sus dispositivos; incluso, uno de ellos se instaló en el edificio de la Alcaldía de Puerto Vallarta. Al año siguiente, en junio de 2016, amplió su negocio a Sayulita, en Nayarit, otro punto de alta concentración de visitantes internacionales. Los testimonios recopilados por las autoridades rumanas mencionan que también colocaron cajeros automáticos en Baja California.
En documentos consultados para esta investigación consta que tanto en la formalización de Top Life Servicios como en la obtención de permisos para instalar los cajeros, Tiugan mostró como su identificación el permiso otorgado por el Instituto Nacional de Migración.
La forma migratoria con la identidad falsa había sido expedida cuando el delegado del INM en la Ciudad de México era Víctor Manuel Vargas Ramírez, un abogado que durante una década había trabajado en la Policía Federal y en la Secretaría de Seguridad Pública bajo las órdenes de Genaro García Luna, que fue arrestado en diciembre de 2019, acusado por el fiscal del distrito este de Nueva York de aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa, de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Entre 2013 y 2018, Vargas Ramírez fue el delegado de migración en la capital mexicana. A ese cargo llegó por invitación de su tío Ardelio Vargas Fosado, jefe del INM durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Ardelio Vargas es un veterano ex agente de los servicios de inteligencia mexicanos que tiene antiguos y estrechos vínculos profesionales y de amistad con García Luna, con quien trabajó en el CISEN, en la Agencia Federal de Investigación y en la Policía Federal.
En un email a OCCRP, Tudor aseguró que ni él ni sus socios usan identidades falsas porque «no tenemos nada que ocultar».
Tudor, el verdadero dueño
Tiguan era el socio mayoritario de Top Life, aunque el dueño real era el empresario rumano Florian Tudor, según ha reconocido él mismo.
En una ficha elaborada por grupos de inteligencia del gobierno mexicano se menciona que Tudor es un hombre de estatura promedio (1.78 metros), robusto (pesa 82 kilos), nacido el 7 de octubre de 1976 en Craiova, una ciudad de alrededor de 300 mil habitantes ubicada al sur de Rumania, en donde estudió ingeniería mecánica.
La misma ficha refiere que hace 12 años residió en Italia, país en donde fue detenido con otras personas por robo de camionetas de carga.
En el seguimiento que de él hacían las autoridades mexicanas fue identificado como un empresario del ramo inmobiliario en la Riviera Maya, con un complejo residencial en la ruta de los cenotes, un gimnasio y una empresa de alquiler de vehículos.
Además, lo investigaban por su presunta participación en el grupo criminal dedicado a la clonación de tarjetas y fraudes bancarios.
En enero de 2020, la Fiscalía de Rumania formalizó acusaciones contra Tudor por su presunto involucramiento con el crimen organizado, cargos que él siempre ha rechazado.
En los informes confidenciales se menciona que Tudor tiene cuatro parejas sentimentales (dos mexicanas, una brasileña y una rumana), con tres de las cuales tiene hijos pequeños.
A una de sus parejas mexicanas le identificaron dos domicilios en la zona residencial de Huixquilucan, Estado de México.
El 17 de abril de 2015, un cuñado de Tudor (hermano de su esposa rumana), de nombre Adrián Ninel Enachescu, se incorporó como apoderado de Top Life y 10 meses después, el 11 de febrero de 2016, se convirtió en copropietario de la empresa, al adquirir el 50% de las acciones.
Un mes antes de incorporarse a Top Life, Enachescu había creado en Cancún la empresa Intaller S de RL de CV, dedicada a la importación de cajeros automáticos, así como su instalación y mantenimiento. En este negocio se asoció con Cosmin Adrián Nicolae, también originario de Rumania.
Enachescu y Nicolae son socios, además, en la comercializadora Mexrou y en el gimnasio Alto Mundo Gym Technology, empresas que crearon en julio de 2017.
Con Tudor, Enachescu tiene una sociedad de negocios en Intacarrent, una empresa creada en abril de 2016, que se dedica a la adquisición de todo tipo de vehículos -incluidos blindados y acuáticos- para su renta.
Los reportes de inteligencia del gobierno mexicano mencionan que, antes de residir en Cancún, el cuñado de Tudor vivía en una residencia en la exclusiva zona de Lomas de Vista Hermosa, de la alcaldía de Cuajimalpa en la ciudad de México, y se desempeñó como subdirector de recursos humanos en un corporativo de salud particular con doble domicilio en la calle de Sófocles, en Polanco, y en Leibnitz, en la colonia Anzures.
Tudor y los personajes ligados al PRI
Tudor también fue propietario de una correduría de divisas que, en distintos momentos, han administrado personajes vinculados a prominentes políticos mexicanos del PRI y del PAN.
El 18 de junio de 2014, Tudor se convirtió en el dueño y administrador único de Brazil Money Exchange, centro cambiario que había sido creado dos años antes por Juliano César Belmonte do Amaral, hermano del principal sospechoso de una banda de clonación de tarjetas que era investigada en Paraguay.
Tudor y Juliano César eran cuñados; el líder de la banda rumana tenía como pareja sentimental a Juceline do Amaral, ciudadana brasileña de 37 años, hermana del fundador de Brazil Money Exchange.
Tudor le compró a Juliano el 67% de las acciones del centro cambiario, mientras que un socio, de nombre Alexandr Chii, se quedó con el 33% restante.
El 3 de octubre de 2014 se incrementó el capital social de Brazil Money Exchange y se integró como accionista Adrian Ninel Enachescu, también cuñado de Tudor pero por el lado de su pareja rumana; cada uno se quedó con el 40% de las acciones, mientras que Chii redujo su participación al 20%.
El 10 de mayo de 2018, la empresa cambió legalmente de propietarios; Tudor y su cuñado rumano cedieron sus acciones a tres personas residentes en Quintana Roo.
La mayoría de las participaciones se las transfirieron a Fabricio Ledesma Heinrich, un militante del PRI en Morelos vinculado profesionalmente a Gerardo José Rejón, Presidente del Instituto Político Empresarial de ese mismo partido, que en 2012 impulsó la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Fabricio y Rejón han presidido la asociación Nuestras Realidades, AC, que ha colaborado en proyectos de obra y asistencia social con gobiernos de distintos estados, como Veracruz y el Estado de México.
Vínculo con los ‘moches’ del PAN
La trama alrededor de la agencia cambiaria de Tudor también incluye a dos personajes que trabajaban para una empresa involucrada en el esquema de “moches” o sobornos en el PAN.
El 26 de enero de 2018, tres meses y medio antes de que Tudor transfiriera sus acciones en Brazil Money Exchange a Fabricio Ledesma, una hermana de éste, de nombre Katia Isadora Ledesma Heinrich, había creado en Cancún la empresa Master Exchange Centro Cambiario.
Esta nueva empresa está estrechamente ligada con la casa cambiaria de Tudor; Master Exchange es la marca comercial o razón social y Brazil Money detenta el permiso para las operaciones de divisas, el cual fue otorgado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en febrero de 2012 y fue renovado en julio de 2017.
Las dos empresas son una sola y, a la fecha, cuentan con 10 oficinas en sitios turísticos de Quintana Roo, Baja California y Guanajuato.
Katia Isadora Ledesma está asociada en Master Exchange con Gabino Jiménez Vázquez, un empresario originario de la Ciudad de México, pero residente en Playa del Carmen, y con Alejandro Carapia Toledo, un abogado originario de Mérida.
Tanto Gabino Jiménez como Alejandro Carapia habían trabajado como directivos de Golfmex Development, una empresa involucrada en el presunto cobro de sobornos para financiar en 2011 la precampaña electoral a la Presidencia de México de Ernesto Cordero, en ese entonces secretario de Hacienda del gobierno de Felipe Calderón, del partido de derecha PAN.
Golfmex fue constituida el 28 de febrero de 2003 en Mérida por el hijo de un notario yucateco y el 28 de noviembre de aquel año se nombró a Gabino director financiero; años después, en enero de 2010, Carapia se integró a la misma empresa como director jurídico.
En una serie de reportajes publicados entre abril y mayo de 2013 en el diario Reporte Índigo, la periodista Georgina Howard afirmó -con base en documentos y testimonios- que los representantes de Golfmex recorrieron cientos de municipios en todo México para convencer a los alcaldes que aportaran dinero para, a cambio, gestionar ante Cordero inversiones federales para obras.
Este esquema de corrupción es conocido en México como “moche”, en donde se condiciona la entrega de fondos federales a cambio de un soborno, pago o comisión.
Las cuotas por cada Alcaldía iban de 17 mil a 200 mil pesos por el trámite y la gestión, por lo que el fraude estimado ascendería hasta a 240 millones de pesos (unos 20 millones de dólares al tipo de cambio de entonces).
El contraataque de Tudor contra Capella por no dejarlo operar
A raíz de aquellos cateos, Tudor arremetió contra el entonces delegado de la FGR, Javier Ocampo García, y contra el Secretario de Seguridad de Quintana Roo, Alberto Capella Ibarra, a quienes acusó de extorsionadores y de saquear su residencia.
Denunció que el verdadero objetivo de los cateos fue robarle joyas, arte, dinero en efectivo y material informático.
Su acusación la formalizó en denuncias presentadas ante la visitaduría general de la FGR, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los órganos de control internos de la Secretaría de Marina y Policía Federal.
Tras esas denuncias, las propiedades que habían sido aseguradas le fueron devueltas el 24 de septiembre de 2019.
“Durante mi detención fui torturado físicamente y psicológicamente. Nos robaron nuestras pertenencias, alrededor de 67 millones de pesos, de acuerdo a los peritajes que obran en la carpeta iniciada en la Fiscalía Anticorrupción y Asuntos Internos de FGR”, declaró en una conferencia de prensa a la que convocó el 15 de marzo de 2020 en el exterior de su residencia en Cancún.
Aquel día, denunció que también su hijo de 6 años y su esposa Jucilene Belmonte habían sido torturados en el cateo y les habían causado un trauma severo.
Sus acusaciones contra Capella y Ocampo las reforzó con una campaña de publicaciones y desplegados en la prensa quintanarroense.
En su cuenta de Twitter, el Secretario de Seguridad atribuyó los desplegados de Tudor a una campaña perversa “orquestada y financiada por intereses oscuros” para bloquear su trabajo de combate al delito. “Lamento romper y desilusionar tantos corazones medio perversos que pretenden que bajemos la guardia o que claudiquemos en la lucha contra la delincuencia en Quintana Roo”, escribió el 26 de febrero tras una serie de publicaciones en las que se aseguraba que había sido destituido y que la FGR había iniciado un procedimiento en su contra.
“La fama pública internacional de este grupo de seudo-empresarios es, creo, de lo peor que hemos visto”, dijo en entrevista Capella, uno de los objetivos de Tudor.
Las campañas mediáticas han sido orquestadas por Tudor y su gente para evitar que sigan las investigaciones en su contra, coincidió el ex delegado de la FGR en Quintana Roo, Javier Ocampo García.
Mencionó que su salida de la delegación de la FGR, en septiembre de 2019, se dio precisamente tras una guerra sucia en medios de comunicación, que le fue advertida con una semana de anticipación por el titular de la Fiscalía estatal, Óscar Montes de Oca.
“Me habían avisado ocho días antes de la campaña mediática que venía. Dentro de una sesión del grupo de coordinación de seguridad, el fiscal Óscar (Montes de Oca) me dijo: Javier, te viene una campaña muy fuerte, mediáticamente, de prensa. Yo lo tomé como un aviso y no le di importancia. Pasaron los días y un domingo es cuando se desata una campaña en muchos medios de desprestigio contra mi persona, contra mi trayectoria”.
A los tres días de esa campaña, le llamaron del área central de la FGR para pedirle su renuncia.
“Yo sabía que era derivado de esta campaña. Yo dije: bueno, si es la decisión no tengo por qué rebatirla. Entregué todo y decidí salir del estado para dejar las cosas tranquilas y que se aclararan. Pero a la fecha no he sido llamado a declarar”.
Atribuyó su destitución como delegado a las presiones del grupo de Tudor, como las que ahora ha puesto en marcha para tratar de que se despida a Capella.
“¡No se vale dejar el estado de Quintana Roo en manos de criminales que vienen a México dizque a trabajar e invertir, cuando son delincuentes en el extranjero que vienen a sentar sus reales y a ser protegidos por autoridades!”, expresó molesto.
Capella afirmó que la capacidad de Tudor para cooptar medios y responsables públicos le ha dado el poder para desafiar la autoridad institucional.
“Tenemos mucha información de los vínculos o los lazos de funcionarios de ciertos niveles e instituciones que han sido funcionales para ellos. Inclusive algunos vinculados al poder político, con algunos sectores políticos, que se han convertido en voceros de estos sujetos.
“Hablan de elementos de la Fiscalía General del Estado, de unos policías preventivos, de Secretarios de Acuerdos, de algunos funcionarios del Poder Judicial, de actores políticos, de una red importante, dueños de medios de comunicación local, o sea, la red”.