Jaime Bonilla enfrenta imputación penal por caso Next Energy tras la audiencia realizada en Mexicali, donde se le formuló cargos por uso ilícito de atribuciones, abuso de autoridad y peculado por el proyecto de la planta fotovoltaica vinculado a la empresa Next Energy. La jornada judicial se extendió por más de 10 horas, y el proceso continuará el lunes 23 de marzo a las 9:00 de la mañana.
El caso se relaciona con el proyecto energético impulsado durante el gobierno de Bonilla con el argumento de atender el desabasto de energía en el estado. Sin embargo, el plan fue cancelado posteriormente por la administración estatal siguiente, bajo el argumento de que no contaba con permisos federales ni de impacto ambiental, además de que comprometía recursos públicos de Baja California a largo plazo.
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso parte de sus datos de prueba y sostuvo que el exmandatario estatal promovió el proyecto pese a que no tenía facultades para convocar sobre un tema de competencia federal. Entre los elementos referidos en la audiencia se mencionó un oficio de la entonces secretaria de Energía, Rocío Nahle, así como análisis financieros y jurídicos sobre la viabilidad del contrato con Next Energy.
Por su parte, Jaime Bonilla declaró al salir de la audiencia que responderá a cada una de las acusaciones y aseguró que los señalamientos de la Fiscalía carecen de sustento.
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Jaime Bonilla enfrenta imputación penal por caso Next Energy: qué se discutió y qué sigue
El hecho de que Jaime Bonilla enfrenta imputación penal por caso Next Energy coloca de nuevo en el centro de la discusión pública uno de los proyectos más cuestionados de la administración anterior en Baja California. La audiencia se llevó a cabo después de múltiples diferimientos y ausencias previas del exgobernador, un punto que incluso ya había sido documentado en la cobertura local del caso.
En esta etapa, la Fiscalía presentó la base de su acusación y expuso que Bonilla, como titular del Poder Ejecutivo estatal en ese momento, tenía responsabilidad sobre la administración de recursos públicos relacionados con el proyecto.
Esta imputación marca un avance procesal relevante en uno de los expedientes con mayor carga política en la entidad. La continuación de la audiencia será clave para conocer si el juez determina vincularlo o no a proceso.
Además del componente judicial, el caso tiene impacto político y financiero. El proyecto de la planta fotovoltaica fue presentado como una solución energética, pero después se convirtió en un símbolo de decisiones públicas cuestionadas por la falta de permisos, la adjudicación del contrato y el riesgo de comprometer finanzas estatales por varios años.
Qué argumenta la Fiscalía sobre el proyecto fotovoltaico
La parte acusadora sostiene que el entonces gobernador usó sus atribuciones para impulsar un proyecto sin contar con autorizaciones federales necesarias. Entre los puntos expuestos en audiencia aparecen análisis que señalan falta de viabilidad financiera, ausencia de autorización legislativa para compromisos de largo plazo y observaciones sobre el mecanismo mediante el cual se entregó el contrato.
Ese planteamiento forma parte del sustento de los delitos que la Fiscalía busca acreditar en esta etapa: uso ilícito de atribuciones, abuso de autoridad y peculado. La defensa, por su parte, ha rechazado esos señalamientos.
Audiencia seguirá el 23 de marzo
La continuación de la audiencia fue fijada para el lunes 23 de marzo en Mexicali. Será en esa fecha cuando el proceso entre a una nueva fase y se conozca si el juez considera que existen elementos suficientes para avanzar hacia la vinculación a proceso.
