MEXICALI. - La Auditoría Superior de Baja California designó a Francisco Javier Rebelín como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

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La designación del secretario Técnico, de acuerdo al artículo 33 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, debe realizarlo el Órgano de Gobierno, previa notificación del Comité Coordinador, ambos presididos por un consejero ciudadano, a partir de una terna propuesta para ocupar ese puesto.

De manera tal que este artículo señala que "El secretario técnico será nombrado y removido por el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, por mayoría calificada de sus miembros", el cual estará en funciones durante cinco años sin posibilidad de ser reelecto.


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Antes de su nombramiento está obligado a presentar por ley sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, además de "gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito que amerite pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena".

Otro requisito es "haber destacado por su contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas, prevención, investigación, detección y combate a la corrupción".

La designación de Rebelín Ibarra, quien fue consejero ciudadano, se dio a conocer por un oficio del departamento de Auditoría Financiera de la ASEBC fechado el 26 de julio con motivo de la entrega de resultados de una de las auditorías a la cuenta pública 2019 a realizarse este martes en las instalaciones de la SESEABC.

En la actualidad ninguno de los consejeros se encuentra en funciones, toda vez que enfrentan un juicio contra la suspensión que les aplicó la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado, a pesar de no ser servidores públicos.

De los 15 consejeros electos en junio de 2018 por el Congreso del Estado, a partir de un Comité de Selección presidido por el ahora rector de la UABC, Daniel Valdez, solo estarían en funciones aquellos con vigencia de cinco años: Claudia Telles, Jorge Topete, Francisco Fiorentini, Eduardo Arredondo y Omar Marrón.

En cualesquiera de ellos recaería la responsabilidad de presidir el Órgano de Gobierno y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, de acuerdo a la ley.

En el curso de tres años, nueve consejeros ciudadanos concluyeron sus encomiendas y una consejera presentó su renuncia.


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