El gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, rechazó el actual procedimiento de reestructuración de la deuda de Baja California, promovido por el gobierno de Francisco Vega de laMadrid, y el nuevo gobierno se pronuncia a favor de un proceso competitivo, ordenado y con bases adecuadas para ejecutar el refinanciamiento que más convenga al Estado.
El gobierno de Francisco Vega de laMadrid presentó las bases del refinanciamiento de la deuda pública, por un total de $8,433 millones de pesos. El "Programa Financiero" se compromete a un aumento de impuestos a los bajacalifornianos a partir del 2020, cuando ya no estará en funciones la administración actual.
Los impuestos que pretenden aumentar y crear son: Creación del Impuesto a la Salud de un 35%, Impuesto de la Nómina del 0.63% al 1.33%, y un incremento al Impuesto Adicional a la Educación del 35% al 45%; este nuevo importe de deuda pública tendría un severo impacto en las finanzas bajacalifornianas en los próximos 20 años.
Además, es inaceptable para el pueblo de Baja California pagar a intermediarios el 2.5% del total del monto refinanciado, el cual representa aproximadamente 210 millones de pesos de comisión. Ante la presión social de los grupos empresariales, el actual gobierno se vio obligado a reducir esta comisión a 1.1%, cantidad de igual manera excesiva para el presupuesto bajacaliforniano.
Es importante destacar que el decreto de aprobación emitido por el Congreso del Estado se hizo a través de una sesión extraordinaria nocturna, sin que la mayoría de los legisladores tuvieran al menor conocimiento de lo que iban a discutir; dicho procedimiento es violatorio a la normativa parlamentaria y contraria a todo régimen democrático, por lo cual diez diputados de la actual legislatura, interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, misma que fue admitida para su discusión.
Existe la percepción de que este refinanciamiento es un acto de corrupción, además deja ciertos valores de la transacción, como la calificación y la creación del Fondo de Reserva, para realizarse 120 días después del cierre del gobierno panista, es decir, dejando a la siguiente administración los costos adicionales del proceso.
El nuevo gobierno argumenta que lo ideal es esperar a que inicie el 2020, antes de ejecutar alguna reestructuración de estas dimensiones y que se tomen en cuenta los nuevos planes y programas a implementar en el gobierno entrante, así como la situación financiera nacional e internacional.
Si a pesar de las razones anteriores, el actual procedimiento en marcha de refinanciamiento se concretara, el gobierno entrante hará una investigación a profundidad de todos los funcionarios y actores externos implicados en este proceso y, además, la investigación será turnada a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Por su parte, grupos empresariales también presentaron una demanda de amparo contra dicho decreto, pues consideran que la convocatoria es ilegal, ya que se desconoce si el gobierno tendrá el tiempo suficiente para llevar a cabo los procesos establecidos en el artículo Décimo Quinto de tal decreto, debido a que los contratos de reestructura y refinanciamiento deberán celebrarse y ejercerse a más tardar el 30 de julio del 2019.
El gobierno electo exhorta a las instituciones bancarias y financieras a que se abstengan de participar en este proceso promovido por el gobierno de Francisco Vega de laMadrid y a que esperen a que el nuevo gobierno inicie sus actividades.
