La gestión territorial en San Quintín fue uno de los ejes que dieron forma al Plan de Atención Integral presentado por la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, una estrategia que contempla una inversión superior a 2 mil 590 millones de pesos para atender rezagos históricos y mejorar las condiciones de vida en comunidades del sur de Baja California.
El proyecto fue construido a partir de trabajo en territorio, diagnósticos comunitarios y coordinación entre distintas dependencias, con participación de la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Alfredo Álvarez Cárdenas, quien ha mantenido presencia constante en el municipio para dar seguimiento a demandas prioritarias de la región.
De acuerdo con la información dada a conocer, este proceso incluyó reuniones con líderes comunitarios, representantes sociales y autoridades de distintos órdenes de gobierno, además de recorridos en diversas localidades para escuchar de forma directa a la población. El objetivo fue identificar necesidades que durante años permanecieron sin solución y traducirlas en acciones concretas dentro del plan.
Entre los temas detectados como prioritarios se encuentran el acceso al agua, la regularización de la tenencia de la tierra, los servicios básicos y la infraestructura social. Estos puntos forman parte de los proyectos que impactarán en comunidades como Camalú, San Quintín, Punta Prieta, El Rosario, Vicente Guerrero, Cataviñá-El Mármol, Villa Jesús María, Santa Rosalillita, Bahía de los Ángeles e Isla de Cedros.
Gestión territorial en San Quintín: diálogo y proyectos
La gestión territorial en San Quintín ha sido planteada como una herramienta para construir política pública a partir de las condiciones reales de las comunidades. En lugar de diseñar acciones únicamente desde oficina, la apuesta fue realizar mesas de trabajo, recorridos y encuentros con habitantes de la región.
Ese enfoque permitió que la gestión territorial en San Quintín ayudara a identificar carencias específicas en distintos puntos del municipio y zonas aledañas. Agua, tierra, infraestructura y servicios básicos aparecieron como algunas de las principales exigencias recogidas durante el trabajo comunitario.
Además, la gestión territorial en San Quintín abrió un canal de diálogo entre autoridades y población, con la intención de que las demandas históricas no quedaran solo en diagnóstico, sino que pudieran incorporarse al Plan de Atención Integral como líneas de acción con presupuesto y seguimiento institucional.
CNTE BC anuncia bloqueos por salud y retiro de docentes
Alfredo Álvarez Cárdenas mantuvo presencia en territorio
Uno de los puntos centrales de este proceso fue la participación de Alfredo Álvarez Cárdenas al frente de la Secretaría General de Gobierno. Según lo expuesto, desde su llegada a la dependencia ha sostenido encuentros con actores sociales y comunitarios para revisar problemáticas que afectan a la región sur del estado.
Esa presencia en territorio se tradujo en mesas de trabajo y recorridos en distintas localidades de San Quintín, con el objetivo de escuchar directamente a quienes habitan la zona. La lógica del plan, según lo presentado, fue partir de necesidades concretas y no solo de proyecciones administrativas.
Gestión territorial en San Quintín pone foco en rezagos históricos
El Plan de Atención Integral busca responder a rezagos que por años han sido señalados por comunidades del municipio. La falta de servicios, las dificultades para acceder al agua, la necesidad de regularizar predios y la carencia de infraestructura forman parte de una agenda que ha sido constante en la región.
Sectores comunitarios también han señalado la importancia de que ese diálogo entre autoridades y población se mantenga más allá del anuncio del plan, para que las necesidades recogidas se conviertan en resultados verificables. En una zona con demandas históricas acumuladas, la ejecución del proyecto será la prueba central de esta estrategia.
Con una inversión superior a 2 mil 590 millones de pesos, el Plan de Atención Integral para San Quintín se presenta como una ruta de intervención amplia para el desarrollo social, económico y productivo del sur de Baja California, con el reto de responder desde el territorio a una deuda histórica con sus comunidades.
