-Durante un periodo de 11 meses.

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ENSENADA.- La Fiscalía General del Estado (FGE) ejecuta en contra de estructuras delincuenciales mediante el decomiso de juegos de azar y máquinas tragamonedas. 

 El objetivo de los operativos es desactivar detonadores de riesgo que enganchen a futuras generaciones en la delincuencia o sean víctimas de corrupción.

Uno de los principales factores potencialmente peligrosos que influyen en los  menores a iniciar adicción patológica son las innovaciones tecnológicas en la modalidad de “cashier”,  juegos de azar, por medio de computadoras y servidores que se encuentran en línea para efectuar apuestas. 

Esta operación ilícita prevalece en algunos lugares públicos y sin restricción de acceso, y puede lacerar el rendimiento escolar, deportivo, relación familiar e interacción social de niñas, niños y jóvenes, principalmente entre 10 a 17 años edad. 

Incursionar en este ámbito puede influir en desarrollar adicción al juego, el cual tiene conexidad con en el robo, violencia, pandillerismo, consumo y venta de narcóticos, así como vulnerabilidad a ser presa fácil para reclutamiento  en grupos criminales. 


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Ante esta circunstancia, la FGE no baja la guardia y refuerza medidas que permiten proteger a la niñez y a la  juventud, evitando que se vean inmersos en situaciones que lastimen su integridad física, emocional y moral. 

Con base a investigaciones y a través de Ministerio Público, durante el periodo de 1 de noviembre de 2020 al 30 de septiembre de 2021, se solicitaron y ejecutaron legalmente 476 órdenes de cateo en Baja California. 

Estas diligencias permitieron incautar aproximadamente 2 mil 20 máquinas tragamonedas, 42 computadoras, y 120 predios involucrados en este acto ilegal, quedaron asegurados. 

A estos resultados se suma la importante colaboración de la  denuncia ciudadana, aunado a  labor de inteligencia y despliegue operativo de elementos de la Agencia Estatal de  Investigación (AEI), en zonas rurales y urbanas de la entidad. 

La FGE exhorta la sociedad a mantener estrecha comunicación con sus hijos, a supervisar amistades, conducta y actividad fuera de labores curriculares, así como a denunciar ante la autoridad la presencia de tecnología utilizada para actividad ilícita que exponga la seguridad ciudadana en la entidad. 

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