ESTADOS UNIDOS.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el cuarto miembro de Los Chapitos, así como a tres integrantes más del Cártel de Sinaloa.

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Los sancionados hoy son parte de una red del Cártel de Sinaloa supervisada por Los Chapitos y responsable de una parte significativa del tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas mortales hacia los Estados Unidos.

“La acción de hoy continúa interrumpiendo nodos clave de la empresa ilícita mundial de fentanilo, incluidos los productores, proveedores y transportistas”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson.

“El Tesoro, en estrecha coordinación con el Gobierno de México y las fuerzas del orden público de Estados Unidos continuará aprovechando a nuestras autoridades para aislar e interrumpir las operaciones de Los Chapitos y el Cartel de Sinaloa en cada coyuntura”.

Cártel de Sinaloa y su dominio en el narcotráfico

Fundado en la década de 1980, el Cartel de Sinaloa operó inicialmente como una coalición de los narcotraficantes más poderosos de México. A principios de la década de 2000, Ismael “El Mayo” Zambada García y Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera consolidaron su poder, lo que llevó al Cártel de Sinaloa a convertirse en una de las organizaciones narcotraficantes más grandes y notorias de México.

El Cartel de Sinaloa controla la actividad del narcotráfico en regiones clave de México, particularmente a lo largo de la costa del Pacífico. Usando estos puntos estratégicos, el cártel trafica cantidades de varias toneladas de drogas ilícitas, incluyendo fentanilo, heroína y metanfetamina a los Estados Unidos.

El legado de El Chapo: Los Chapitos

Tras el arresto, la extradición y la posterior condena de Joaquín Guzmán Loera en un tribunal federal de los Estados Unidos cuatro de sus hijos buscaron colectivamente continuar con el legado de narcotráfico de su padre y el papel de liderazgo en el Cartel de Sinaloa. Comúnmente conocidos como “Los Chapitos” (The Little Chapos) o “Los Menores” (The Minors), los hermanos, Ivan Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, junto con sus hermanastros, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, designados.

Los cuatro miembros de Los Chapitos están acusados ​​de cargos federales de tráfico de drogas en los EE. UU. en una o más jurisdicciones, que incluyen el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois, el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de California y el Tribunal de Distrito de los EE. UU. el Distrito de Columbia. Juntas, estas tres jurisdicciones se han involucrado en un esfuerzo colaborativo de varios distritos durante décadas y recientemente revelaron una acusación formal número 13 contra los cuatro Los Chapitos el 14 de abril de 2023. También el mes pasado, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York presentó cargos iniciales contra tres de los cuatro Los Chapitos. OFAC designó previamente a los hermanos Guzmán Salazar, así como a Ovidio Guzmán López, en 2012 de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico y nuevamente en 2021 de conformidad con E.O. 14059.

Red de los Chapitos continúa en expansión

Hoy, la OFAC designó a Joaquín Guzmán López, quien trabaja en estrecha colaboración con sus hermanos y es responsable de supervisar muchos aspectos del imperio del narcotráfico de Los Chapitos. Por ejemplo, Joaquín Guzmán López está involucrado en la gestión de súper laboratorios, que a menudo han sido suministrados por una red dirigida por los hermanos Ludim y Luis Alfonso Zamudio Lerma, radicados en Sinaloa, y en el tráfico de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos.

Joaquín Guzmán López fue acusado por primera vez de cargos federales de narcotráfico en 2018 por la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas (NDDS) del Departamento de Justicia en el Tribunal de Distrito de los EE. Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois, para incluir la acusación formal revelada el 14 de abril de 2023.


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Las otras tres personas designadas hoy por la OFAC incluyen a Raymundo Pérez Uribe, quien lidera una red de proveedores utilizada por el Cártel de Sinaloa para obtener precursores químicos para la fabricación de drogas ilícitas; Saúl Páez López, quien está involucrado en la coordinación de cargamentos de drogas ilícitas para sus primos hermanos, Ovidio y Joaquín Guzmán López; y Mario Esteban Ogazon Sedano, quien compra precursores químicos ilícitos de Ludim Zamudio Lerma y opera laboratorios de drogas ilegales en nombre del Cartel de Sinaloa. Adicionalmente, Sumilab, S.A. de C.V. (Sumilab), que es una empresa de equipos de laboratorio y productos químicos con sede en Culiacán, Sinaloa, fue designada hoy por su participación en el suministro y envío de precursores químicos para miembros y asociados del Cartel de Sinaloa. OFAC designó a las cuatro personas, así como a Sumilab, de conformidad con E.O. 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción, o presentan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la misma.

Además, la OFAC designó una empresa de bienes raíces con sede en Sinaloa, Urbanización, Inmobiliaria y Construcción de Obras, S.A. de C.V., conforme a E.O. 14059 por ser propiedad, estar bajo el control o la dirección de, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Mario Esteban Ogazon Sedano.

Mientras Ovidio Guzmán López fue capturado en México en enero de este año, Joaquín Guzmán López y los hermanos Guzmán Salazar siguen prófugos. A través de su Programa de Recompensas de Narcóticos, el Departamento de Estado de EE. UU. ofrece una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca al arresto y/o condena de Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, así como una recompensa de hasta $10 millones por información que condujo al arresto y/o condena de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

Esta acción fue coordinada de cerca con el Gobierno de México, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (Unidad de Inteligencia Financiera de México), y es el resultado de la colaboración continua con la Oficina de Campo del FBI en Phoenix (Agencia Residente de Tucson), el Agregado Legal del FBI en San Salvador ( Suboficina Ciudad de Guatemala), la Oficina de Distrito de Tampa de la DEA (“CHEMEX”), el Agente Especial a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Phoenix, la Oficina de Campo de HSI en Nogales y la Oficina de Campo de HSI en Spokane.

Qué implican las sanciones

Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas y entidades designadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben bloquearse e informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. Las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones por parte de personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos (incluidas las transacciones que transitan por los Estados Unidos) que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.

La acción de hoy es parte de un esfuerzo de todo el gobierno para contrarrestar la amenaza global que representa el tráfico de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos que está causando la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año, así como innumerables sobredosis no mortales más. . Esta acción demuestra el enfoque fortalecido de la Administración para salvar vidas al interrumpir el tráfico de fentanilo ilícito y sus precursores en las comunidades estadounidenses. La OFAC, en coordinación con sus socios del gobierno de los EE. UU. y contrapartes extranjeras, continuará apuntando y persiguiendo la responsabilidad de los actores extranjeros de drogas ilícitas.

Además, las personas que participen en ciertas transacciones con las personas y entidades designadas hoy pueden estar expuestas a sanciones o sujetas a una acción de ejecución.