SONORA.- El gobernador, Alfonso Durazo Montaño firmó una petición en conjunto con los otros 31 mandatarios estatales para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no eliminar la Prisión Preventiva oficiosa.
A través de un amicus curiae (amigos de la Corte) presentado en el buzón judicial de la Corte el pasado 26 de abril los 32 integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores indicaron que la Constitución debe prevalecer por encima de cualquier norma internacional que pueda afectar el derecho interno del país.
“Que prevalezca el principio de supremacía constitucional atendiendo siempre los derechos de las víctimas del delito. Son ellas y ellos quienes resienten directamente las consecuencias de las conductas antisociales”, escribió Durazo Montaño en una publicación de la red social X.
“No podemos dejar de señalar el colapso de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”, sostienen en el escrito.
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“La figura de la prisión preventiva oficiosa responde, pues, a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito”, continuaron.
“Por ello, hacemos un llamado respetuoso para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables y tenemos por tanto la valoración del que vive y tiene elementos más que suficientes para emitir opinión fundada sobre las negativas consecuencias que una eventual decisión adversa de ese Poder tendría en la seguridad pública de nuestros gobernados”.
El escrito de la Conago, público a través de las redes sociales del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, fue presentado en relación al expediente 3/2023 en el que la Corte debe determinar cómo el Poder Judicial de la Federación (PJF) cumplirá la sentencia condenatoria dictada por la CorteIDH en el caso García Rodríguez y otros contra México, en el que el organismo internacional señaló que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional y debe ser eliminada del sistema penal mexicano.
En ese expediente, el ministro Pardo ya repartió su proyecto de resolución en el que plantea que lo único que procede es que México acate y reconozca en su totalidad la sentencia emitida por la CorteIDH.