CIUDAD DE MÉXICO.- El Ejército excedió el uso de la fuerza al asesinar a seis personas en Luvianos, Estado de México, en un operativo del 30 de octubre de 2014, determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El organismo hizo pública la Recomendación 22VG/2019, emitida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Fiscalía General de la República (FGR), entre otras autoridades, por violaciones graves a los derechos humanos de las víctimas.
Las investigaciones de la CNDH determinaron que algunas de las víctimas recibieron disparos por la espalda, mientras que personal admitió que dispararon sin identificar claramente el objetivo.
Según se informó en su momento, el Ejército sostuvo un enfrentamiento armado contra integrantes del crimen organizado en un paraje del Cerro de la Culebra, en aquel municipio del sur mexiquense.
La acción fue realizada por elementos del 102 Batallón de Infantería, el mismo que cuatro meses antes llevaron a cabo el operativo en el municipio vecino de Tlatlaya en el que abatieron a 22 civiles, 15 de ellos de manera arbitraria, según otra recomendación de la CNDH.
En la recomendación 22VG/2019, la CNDH también expone que las seis armas de fuego que se encontraron próximas a las víctimas de Luvianos no fueron accionadas, según las pruebas de química forense realizadas por la entonces Procuraduría General de la República.
"Los elementos militares no acreditaron que el empleo de la fuerza haya sido diferenciado y gradual para evitar daños excesivos a las víctimas, quienes fallecieron a causa de heridas mortales en órganos vitales e incluso algunas fueron por la espalda y no se encontraban frente a frente, lo que no corresponde con el supuesto enfrentamiento", se lee en la recomendación.
"Tampoco se realizó uso diferenciado de la fuerza letal, puesto que personal militar refirió disparar sin identificar claramente el objetivo, aumentando el riesgo de herir a terceras personas".
La CNDH acusa que el personal de la entonces PGR llegó ocho horas después de los hechos, lo que no permitió el adecuado procesamiento del lugar y las evidencias.
"Asimismo, se detectó que el representante social de la Federación no ha agotado todas las líneas de investigación de la averiguación previa iniciada para esclarecer la muerte de las víctimas, lo que repercute en la procuración de justicia en agravio de los familiares", afirma.