Dictan 60 años de prisión a expolicías de Tijuana por desaparición forzada de comerciante

La Unidad de Investigación Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas de la Fiscalía General del Estado (FGE), Zona Tijuana, logró obtener una sentencia condenatoria de 60 años de prisión en contra de los expolicías de Tijuana, Martín Trinidad Martínez y Esteban Heriberto Galaz Gómez. El Juez de Control impuso la pena máxima aplicable para servidores públicos tras encontrarlos penalmente responsables del delito de desaparición forzada de personas.

Los hechos se remontan a la noche del 1 de septiembre de 2022, alrededor de las 20:26 horas, en las inmediaciones de la colonia Libertad. De acuerdo con las carpetas de investigación y las pruebas presentadas durante el proceso, los ahora sentenciados se trasladaban a bordo de la patrulla oficial BC-823A-1 cuando interceptaron a la víctima, José Alberto Cantero Ramírez, de 40 años de edad, quien era un reconocido comerciante del Mercado Hidalgo.

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El móvil del crimen en la frontera

La investigación científica y de campo demostró que existió un dolo directo por parte de los exuniformados. El objetivo principal de la intervención ilegal fue privar de la libertad al comerciante para apoderarse de la cantidad de 45 mil dólares en efectivo que portaba consigo esa noche. Dicho monto estaba destinado al pago de un abono para la adquisición de unas bodegas comerciales.

Los oficiales ordenaron a la víctima descender de su vehículo, una camioneta Grand Cherokee Summit de modelo reciente, lo esposaron y lo ingresaron a la cabina trasera de la unidad policial. Como prueba determinante del delito, la Fiscalía acreditó que los agentes jamás realizaron el reporte de la detención en el Registro Nacional de Detenciones (RND), con la clara intención de ocultar el paradero de la víctima y consumar el atraco sin dejar evidencias en los sistemas de seguridad pública.

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Posteriormente, los involucrados dividieron el traslado: uno condujo el vehículo particular de la víctima y el otro la unidad oficial con el comerciante a bordo, con rumbo desconocido. Lamentablemente, el cuerpo de la víctima fue hallado sin vida y calcinado apenas 11 horas después de haber sido interceptado por los elementos policiales.

El pasado 2 de junio de 2026, el Juez de Control dictó el fallo definitivo que impone los 60 años de cárcel y una multa económica. Asimismo, la autoridad judicial dejó a salvo los derechos relativos a la reparación integral del daño en favor de las víctimas indirectas (su esposa y sus dos hijos menores de edad), para que sean hechos valer por la vía incidental correspondiente.