AGENCIAS.- Autoridades de Yucatán informaron sobre la detención de los policías involucrados en la violación y muerte de José Eduardo Ravelo el pasado 21 de julio.

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A los agentes se les imputan los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, violación agravada y tortura agravada.

Tras ejecutarse una orden de aprehensión llevada a cabo de manera coordinada entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la SSP, los detenidos fueron presentados en audiencia ante el Juez Primero de Control como imputados por los citados delitos, en rápida respuesta jurídica ante lo sucedido.

En el Centro de Justicia Oral de Mérida, los especialistas de la Fiscalía presentaron detalles de la indagatoria, en la que se da a conocer que los involucrados, quienes se desempeñaban como elementos de la policía municipal de Mérida, presuntamente hicieron uso excesivo de la fuerza para golpear y abusar sexualmente de su víctima, quien días después se presentó ante la Unidad de Investigación de esta dependencia para interponer la denuncia correspondiente tras lo sucedido.


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Ante los hechos, fue valorado por los médicos forenses de la FGE, quienes solicitaron que fuera trasladado al hospital para ser atendido, por lo que fue llevado en una ambulancia al Hospital O´horan.

En ese nosocomio se informó del quebranto de su salud y posterior deceso del joven que, de acuerdo con la necropsia realizada por personal del Servicio Médico Forense, la causa de muerte fue: síndrome de disfunción orgánica múltiple, secundaria a politraumatismo.

La Fiscalía General del Estado (FGE), que atendió el caso de la víctima dio paso a la integración de las carpetas 206/2021, que contienen los elementos de prueba para el esclarecimiento de los hechos, mismos que fueron expuestos este día ante el Juez.

Durante la jornada de imputación de los delitos señalados, los fiscales de litigación presentaron los resultados de la indagatoria para solicitar la vinculación de los acusados, quienes solicitaron la ampliación del término legal, por lo que el Juez Primero de Control estableció la fecha del jueves 12 de agosto para resolver su situación jurídica.


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