MEXICALI.-Demandan Juicio Político contra cuatro exfuncionarios de Kiko Vega así lo informó el diputado Juan Manuel Molina García.
El motivo de la promoción de este acto es por “haber violentado flagrantemente los derechos de las víctimas en el Estado de Baja California”.
Molina anunció que presentaría ante Oficialía de Partes del Congreso local, una demanda de juicio político contra 4 funcionarios de Kiko Vega.
Los servidores públicos demandados son: Francisco Rueda Gómez, ex secretario General de Gobierno; Perla del Socorro Ibarra Leyva, ex procuradora General de Justicia del Estado; Bladimiro Hernández Díaz, ex titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas y Loreto Quintero Quintero, ex oficial mayor del Gobierno del Estado.
Había exhortos del Senado que la legislatura y administración pasadas no atendieron
El legislador agregó que, inclusive, el Senado de la República envió sendos exhortos a la anterior Legislatura y a la administración que acaba de concluir.
Esto con el objetivo de que ajustarán el sistema legal del Estado a la Ley General de Víctimas expedida por el Congreso de la Unión, lo cual no se atendió, sino por el contrario, “se prestaron a procesos de simulación”, afirmó.
Subrayó que dicho proceso de simulación consistió en que, la Legislatura local pasada, creó una ley en ese rubro donde se establecieron transitorios que debieron acatarse dentro de plazos perentorios.
Los cuales contenían diversas obligaciones; entre ellas, nombrar a un comisionado ejecutivo de atención a víctimas;
La creación de un fondo para resarcirlas económicamente, así como de un centro de atención integral a víctimas, lo cual no cumplió el gobierno estatal.
La CNDH emitió una recomendación al GobEdo
Como ejemplo de la no atención a las víctimas en la Entidad, dio a conocer que en el año 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al anterior Gobierno del Estado.
Basada en una denuncia puesta por jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, donde se le ordena enlistar a las personas que habían sido víctimas de diversos delitos por parte de autoridades, resarcirles el daño y atender los temas laborales de esa zona de Ensenada.
Aunado a ello, la recomendación también iba en el sentido de que se expidiera la Ley de Atención a Víctimas.