Defiende Fiscalía legalidad de cateo en Portales 1 tras denuncias de abuso

La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, respaldó la legalidad del cateo ejecutado por agentes de la institución en un domicilio del fraccionamiento Portales 1, en Mexicali. La declaración surge luego de que la residente afectada hiciera pública una denuncia por presunto abuso de autoridad, agresiones físicas y robo de dinero en efectivo durante el despliegue.

Durante la conferencia de prensa semanal del Gobierno del Estado, encabezada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) precisó que la intervención no fue fortuita, sino que derivó de un mandamiento judicial solicitado formalmente ante un juez de control.

Investigación por presunto narcomenudeo

Andrade Ramírez detalló que la carpeta de investigación cuenta con una denuncia anónima y testimonios que señalaban el inmueble como un probable punto de venta de sustancias ilícitas al pormenor, lo que técnico-jurídicamente justificó la petición de la orden de cateo.

“Es un cateo oficial, formal, que se solicitó ante un juez de control porque había una llamada anónima y además obran testimonios en la carpeta de que en ese lugar había posibilidad de que se estaba vendiendo droga al pormenor”, argumentó la funcionaria.

La fiscal aseguró que los elementos de la Agencia Estatal de Investigación ingresaron al sitio en coordinación con corporaciones federales. Afirmó además que, al detectar la presencia de menores de edad en el interior, los agentes optaron por llamar a la puerta en lugar de realizar una entrada forzada, priorizando la integridad de los ocupantes.

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Sin hallazgo de ilícitos, pero el domicilio bajo vigilancia

A pesar del despliegue de las fuerzas del orden, las autoridades ministeriales reconocieron que durante la inspección no se localizaron sustancias prohibidas ni objetos delictivos. Sin embargo, la FGE confirmó que el caso no está cerrado y que la vivienda permanecerá bajo la lupa de las células de investigación del sector.

Por otra parte, la ciudadana Karen Corona, habitante del inmueble intervenido, sostuvo su postura original e inició un proceso legal en contra de los servidores públicos involucrados, argumentando que no se le exhibió ningún documento legal al momento del ingreso y que fue víctima de sustracción de bienes.

Al respecto, la fiscal general acotó que los protocolos de incursión varían de acuerdo al nivel de riesgo estimado en cada caso, reconociendo que aunque la gran mayoría de las órdenes judiciales ejecutadas en la entidad derivan en resultados positivos, existen diligencias donde el aseguramiento de indicios no se concreta, lo cual forma parte ordinaria del sistema de justicia penal.