TIJUANA.- La investigación penal contra el ex gobernador Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, así como los expedientes de otros “personajes” de la política, son casos que serán retomados una vez que se reactiven las instituciones financieras y los tribunales en el estado, que podría ser para el mes de julio, expuso el Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández.
Al participar en la video conferencia del gobernador Jaime Bonilla Valdez, donde presentó algunos resultados de la institución, el titular de la FGE comentó que los juzgados no están operando al 100% y que por ello hay un gran número de órdenes de aprehensión que no se han dictado.
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Se refirió en ese contexto, como respuesta a la pregunta de un internauta que le cuestionó sobre la denuncia penal contra el ex gobernador Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid.
Además de “otros casos pendientes”, como es la denuncia penal contra la ex presidenta estatal del DIF, Brenda Ruacho de Vega; del ex líder panista, Ovando Patrón y otros implicados; así como el de Anapromex, cuyas oficinas fueron cateadas y cerradas.
El Fiscal comentó sobre este caso en particular, el de Anapromex, la extraña circunstancia de que “…los jueces no están trabajando, pero aperturaron un juzgado en Tecate, para liberarles un inmueble que estaba asegurado; vamos “a apretar̕” un poco más y a darle avance a carpetas de investigación”.
Juzgados firmaron protocolo para reapertura
En este contexto, el mandatario estatal hizo del conocimiento que junto con el Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, firmó el protocolo de salud que permita la reapertura de juzgados, en respuesta a la demanda de litigantes que tienen sus casos sin avances; recientemente se reunió con presidentes de colegios, asociaciones y barras de abogados en el estado.
Comentó el fiscal Ruiz Hernández que la FGE mantiene su trabajo enfocado en el ataque frontal contra la delincuencia y en generar acciones de prevención de la violencia con el enfoque en la niñez y la juventud.
El Fiscal General del Estado comentó que en el fuerte combate contra los “minicasinos”, derivado de la estrategia que se implementó en este “Gobierno en Marcha”, ha sido posible el cateo de más de 600 sitios clandestinos donde pervertían a niños y jóvenes haciéndolos adictos al juego.
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