Condenan a 122 años de prisión a Sergio Daniel Gutiérrez por feminicidio Paola Andrea

MEXICALI. Un juez de Juicio Oral impuso una pena de 122 años y 10 meses de prisión a Sergio Daniel Gutiérrez Solórzano, tras encontrarlo responsable de los delitos de feminicidio agravado y desaparición forzada cometida por particulares, en agravio de Paola Andrea Bañuelos Flores, joven universitaria de 23 años.

La sentencia se dio a conocer durante la audiencia de lectura realizada en la sala dos del Centro de Justicia Penal. Además de la condena de prisión, el juzgador ordenó el pago de 10 mil 666 días multa y estableció una reparación del daño por 1 millón 221 mil 730 pesos.

Un punto relevante del fallo es que el juez también determinó una responsabilidad en calidad de “tercer solidario” para la empresa de transporte por aplicación Didi, según lo expuesto en audiencia. Esto implica obligaciones vinculadas a la reparación del daño, de acuerdo con lo resuelto por el tribunal.

La desaparición y el hallazgo

De acuerdo con lo presentado en el proceso, Paola Andrea Bañuelos fue reportada como no localizada el 8 de julio. Tres días después, el 11 de julio, fue localizada sin vida tras diligencias de investigación y búsqueda en campo realizadas en la zona de Islas Agrarias, en el municipio de Mexicali.

El caso generó atención pública por tratarse de una desaparición seguida de feminicidio, un patrón de violencia que organizaciones y especialistas han señalado como una de las expresiones más graves contra mujeres jóvenes en el país.

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Una de las penas más altas en el estado

La Fiscalía General del Estado informó que este fallo se ubica entre las penas más altas dictadas en Baja California por delitos de este tipo. La fiscal general, Ma. Elena Andrade Ramírez, señaló que la resolución es resultado del trabajo de investigación y litigación del caso por parte de la Fiscalía de Unidades Especiales.

Más allá del mensaje institucional, el tamaño de la condena marca un precedente en dos frentes: la sanción por feminicidio agravado y la acreditación de desaparición forzada cometida por particulares, un delito que coloca el foco en la privación de libertad y la incertidumbre impuesta a la víctima y su familia.

Lo que sigue

Con la sentencia dictada, el caso entra a una etapa en la que suelen activarse procedimientos relacionados con la ejecución de la pena y el cumplimiento de multas y reparación del daño, conforme a lo que establezca la autoridad judicial. La determinación de la empresa como “tercer solidario” también abre un tramo legal específico sobre obligaciones y alcances fijados por el tribunal.

Para las familias, este tipo de resoluciones no borra la pérdida, pero sí representa un paso en el acceso a la justicia y en el reconocimiento de la gravedad de la violencia feminicida y de la desaparición como parte del daño causado.