AGENCIAS. - Luego de que varios medios indicaran que este fin de semana iniciarían las redadas para arrestar a migrantes con estatus de deportación final, este día el Presidente Donald Trump confirmó la información y al mismo tiempo agentes federales iniciaron los operativos en la comunidad agrícola de Immokalee, en el centro de Florida, según Univisión.

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Las órdenes de deportación final fueron anunciadas en junio pasado, por lo que un grupo de agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) informó que se movilizó en la madrugada de este viernes en la localidad de Immokalee, con el objetivo de ejecutar varias órdenes finales de deportación.

Sin embargo, ICE ha dicho que tiene en sus manos alrededor de 1 millón de órdenes de deportación final, pero el diario The New York Times dijo el miércoles que la operación ordenada por Trump en junio se enfoca en el arresto de unos 2,000 indocumentados que recibieron a principios de año órdenes de deportación.

Las órdenes finales de deportación fueron emitidas luego que los migrantes perdieron sus casos de asilo o no se presentaron a sus audiencias de ICE o a los tribunales de inmigración.

Las prioridades de deportación fijadas por Trump afectan a los siguientes extranjeros:

• Quienes hayan sido condenados por cualquier delito;
• Quienes hayan sido acusados de cualquier delito, cuando dicho cargo no haya sido resuelto;
• Quienes hayan cometido actos que constituyen un delito penal imputable;
• Quienes hayan incurrido en fraude o tergiversación deliberada en relación con cualquier asunto oficial o solicitud ante un organismo gubernamental;
• Quienes hayan abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos;
• Quienes estén sujetos a una orden final de deportación, y no hayan cumplido con su obligación legal de abandonar Estados Unidos; o
• Quienes a juicio de un funcionario de inmigración supongan un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional.

Las prioridades incluyen una segunda lista de casos en los que se incluye a inmigrantes legales que, por alguna razón, perdieron sus derechos de permanencia en Estados Unidos y el gobierno estima que, al ser excluidos de cualquier beneficio migratorio, se convierten en deportables.