El acoso escolar en Primaria Independencia llevó este martes a un grupo de madres de familia a manifestarse en la colonia Mariano Matamoros, en Tijuana, para exigir atención a un caso que, aseguran, afecta a un alumno de nueve años que cursa tercer grado. La denuncia apunta a presuntas agresiones cometidas por dos estudiantes de sexto año y a una respuesta que consideran insuficiente por parte de la dirección del plantel. En Baja California, la atención de estos casos no depende solo de acuerdos internos entre familias y escuela: existe un marco legal y protocolos específicos para prevenir, detectar y erradicar el acoso escolar.
De acuerdo con el testimonio de Cristal, madre del menor, la situación ya había sido reportada con anterioridad, pero no hubo una intervención que frenara el problema. La mujer alertó además sobre el impacto emocional que el caso estaría teniendo en su hijo, al señalar que el menor ha expresado que no quiere vivir y que también ha referido amenazas por parte de los alumnos señalados. La denuncia coloca el foco no solo en la agresión entre estudiantes, sino en la obligación de la escuela de activar medidas de protección y seguimiento. Esa obligación está prevista tanto en lineamientos federales como en el marco estatal.
La madre recordó además un antecedente dentro del mismo plantel, donde otro alumno habría sufrido agresiones años atrás y terminó cambiándose de escuela. Aunque ese antecedente forma parte de la denuncia pública y no de un expediente difundido oficialmente, sí se inserta en una discusión más amplia: qué tan rápido reaccionan las autoridades escolares cuando hay señales repetidas de violencia entre estudiantes y qué mecanismos aplican para evitar la revictimización o la continuidad del riesgo. Los lineamientos federales publicados en el Diario Oficial establecen que las escuelas deben contar con rutas de actuación para atender de manera oportuna las solicitudes de intervención en casos de violencia y acoso escolar.
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Acoso escolar en Primaria Independencia: acoso escolar en Primaria Independencia y el deber de actuar
El caso de acoso escolar en Primaria Independencia, más allá de la protesta de este martes, abre una pregunta de fondo sobre cómo están operando los protocolos en las escuelas públicas. En Baja California existe una Ley de Seguridad Escolar que establece la obligación de incluir acciones para prevenir, detectar, atender y erradicar el acoso escolar, y de ese marco deriva un protocolo específico para actuar frente a estos casos.
A nivel federal, el Acuerdo 14/12/23 emitió lineamientos para el protocolo de erradicación del acoso escolar en educación básica. Esos lineamientos buscan que los planteles no dejen una denuncia en el terreno de la discrecionalidad, sino que documenten, intervengan, den seguimiento y protejan a niñas, niños y adolescentes involucrados. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes también obliga a establecer mecanismos de atención, asesoría, orientación y protección para menores inmersos en situaciones de acoso o violencia escolar.
En ese contexto, el hecho de que en la reunión sostenida con la directora se haya firmado una carta compromiso y se anunciara la realización de evaluaciones quincenales a los alumnos, así como posibles pláticas del programa DARE, muestra una respuesta inicial; sin embargo, el punto central sigue siendo si esas medidas serán suficientes para detener la violencia y garantizar seguridad al menor. Esa valoración dependerá de su seguimiento real y de la intervención de autoridades educativas y especialistas. La inferencia se basa en lo que exigen los protocolos de atención y seguimiento en casos de acoso escolar.
Qué denunciaron las madres de familia
Las madres de familia señalaron que el caso involucra a un estudiante de tercer grado presuntamente agredido por dos alumnos de sexto. También expresaron inconformidad por la falta de acciones contundentes dentro del plantel y advirtieron que podrían existir otros casos de violencia escolar. El fondo del reclamo es que cambiar al niño de escuela, como algunas personas les han sugerido, no resuelve el problema estructural dentro del plantel. Ese planteamiento coincide con el enfoque de los protocolos oficiales, que no solo buscan proteger a la víctima inmediata, sino erradicar prácticas de acoso en la comunidad escolar.
Acoso escolar en Primaria Independencia y la ruta que marca la ley
En Baja California, la normativa vigente establece que las escuelas deben sujetarse a programas y protocolos de prevención y atención del acoso escolar. A nivel federal, los lineamientos también establecen rutas de intervención y documentación. En la práctica, esto significa que una denuncia como la expuesta por las madres no debería quedarse en acuerdos verbales o medidas aisladas, sino escalar a mecanismos formales de protección, evaluación del riesgo y seguimiento institucional.
El caso exhibe una realidad conocida en muchas escuelas: cuando una familia hace pública una denuncia de bullying, lo que está en juego no es solo un conflicto entre alumnos, sino la capacidad del sistema escolar para responder antes de que el daño crezca. En Tijuana, la protesta en la Primaria Independencia dejó claro que las madres no están pidiendo solo una reunión más, sino una intervención que frene la violencia y evite que otro niño tenga que irse de la escuela para sentirse a salvo. Esa conclusión retoma tanto la denuncia pública de las madres como el estándar de actuación previsto en la normativa vigente.
