TIJUANA.- La Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México y el gremio de Abogados Penalistas, anunciaron que están organizando una manifestación conjunta de sus integrantes para demandar ante la Fiscalía General del Estado (FGE), condiciones que garanticen una justicia pronta y expedita, además de acciones preventivas contra cualquier hecho de inseguridad en las diversas instalaciones del poder judicial.
El doctor Gabriel González Celestino, dirigente de los abogados penalistas de México, refirió que la protesta se realizará este lunes a las 08: 00 horas frente a las instalaciones de la FGE en la tercera etapa del Río Tijuana.
Explicó que los abogadas y abogados no pueden tolerar más el tema de una justicia pronta y expedita, por lo que se entregará un pliego petitorio al fiscal general en la entidad, Juan Guillermo Ruiz Hernández, que incluye la petición de ampliar los recursos al presupuesto de egresos.
Piden acciones preventivas para evitar cruces masivos de migrantes
“En el ministerio público no hay hojas para las carpetas de investigación, en ninguna agencia del ministerio público tienen hojas, y si tienen hojas, la impresora no sirve, y si la impresora sirve, no tiene tóner. O es chana o es juana, es decir no tienen presupuesto”, planteó el dirigente.
Asimismo, adelantó que piden la contratación de más agentes del Ministerio Público y personal auxiliar, describiendo que en las unidades de investigación nunca encuentran a los funcionarios responsables bajo el argumento de que cubren audiencias. Otra exigencia es que la Fiscalía General del Estado emita las constancias de no robo de vehículos, tal y como se establece en el Código Penal de Baja California.
Por su parte, Filiberto Pozos Zurita, quien es abogado en derecho fiscal, dijo que es muy preocupante lo ocurrido durante la presente semana, cuando en un juzgado local de Tijuana se detuvo contra su voluntad a una litigante por parte de desconocidos, por lo que también demandarán que exista mayor seguridad en las sedes de justicia además de exigir que se aclaren los hechos.
“No puede ser que personas con armas entren a los edificios del poder judicial, a los juzgados no solo civiles sino también a los penales”, resaltó.
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