Abogados de Tijuana exigen detención de Rubén Rocha Moya

Crisis de impunidad: Abogados denuncian encubrimiento federal

En una conferencia de prensa que escaló rápidamente en el debate público de la región fronteriza, los integrantes de la Alianza Mexicana de Abogados lanzaron un enérgico llamado al Gobierno Federal. El foco de la crítica es la supuesta protección institucional a funcionarios señalados por delitos de alto impacto, específicamente en torno al caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Ricardo Beltrán Verduzco, presidente nacional de la organización, fue tajante al señalar que los procesos legales no deben estar sujetos a tiempos políticos. El jurista subrayó que, tras las solicitudes de licencia de diversos implicados, el fuero constitucional ya no debería ser un impedimento para la acción de la justicia.

“El gobernador ya no tiene ningún fuero… resulta que a los presuntos delincuentes se les da la protección de 17 patrullas, mientras que a los ciudadanos se nos deja totalmente desprotegidos”, sentenció Beltrán Verduzco ante los medios en Tijuana.

Implicaciones del Tratado Internacional de Extradición contra Rubén Rocha Moya

La exigencia de los abogados no solo se basa en el marco legal local, sino en los compromisos internacionales de México. Según los expertos, desde el momento en que se pierde la inmunidad procesal, las autoridades están obligadas a iniciar los juicios de procedencia conforme lo dicta el Tratado Internacional de Extradición y la ley secundaria en la materia.

Los delitos señalados contra Rubén Rocha Moya, que incluyen narcotráfico, asociación delictuosa y conspiración, son considerados de extrema gravedad tanto en la legislación mexicana como en el sistema judicial de los Estados Unidos. La Alianza advirtió que ignorar estas acusaciones no solo debilita el sistema de justicia interno, sino que envía un mensaje de permisividad hacia el exterior.

Tijuana y el riesgo económico en la frontera

Por su parte, Carlos Atilano Peña, presidente de la Comisión de Honor y Justicia del Colegio de Abogados de Tijuana, puso sobre la mesa la realidad violenta que vive el norte del país. Recordó que ciudades como Tijuana, Mexicali y Culiacán se mantienen en los primeros lugares de los índices de criminalidad global, lo que genera un sentimiento de desesperanza y urgencia por un cambio en la estrategia de seguridad.

Sin embargo, el punto más crítico para la región San Diego-Tijuana es el impacto económico. Atilano Peña advirtió que la persistente impunidad podría forzar a Estados Unidos a endurecer sus políticas públicas hacia México, afectando directamente:

1. Suministro de energía: México depende significativamente del gas estadounidense; un cierre de suministros paralizaría la industria nacional.
2. Tratado de Libre Comercio (T-MEC): La falta de seguridad y estado de derecho son condiciones que podrían llevar a la revisión o cancelación de acuerdos comerciales clave.
3. Dinámica fronteriza: El endurecimiento de controles en las garitas por cuestiones de seguridad nacional.

El gremio concluyó que la detención de los implicados es de carácter “urgente” para evitar repercusiones diplomáticas que terminen por asfixiar la actividad productiva del país y, especialmente, de las zonas fronterizas.