Violencia institucional en proceso de custodia es la denuncia que hizo Saray Ayala Suárez, una madre que busca evitar que su hija menor vuelva a declarar ante un juzgado familiar, al considerar que se trata de un conflicto entre personas adultas y que una nueva comparecencia podría afectar el bienestar emocional de la niña.
La mujer informó que este miércoles presentaría un recurso de revocación para solicitar que la menor no sea obligada a rendir una nueva declaración dentro del proceso legal. Según explicó, la niña ya acudió previamente al juzgado y expresó su postura sobre la relación que mantiene con ambos padres.
Ayala Suárez sostuvo que, desde que su hija supo que tendría que presentarse nuevamente ante la autoridad judicial, comenzó a mostrar ansiedad, nerviosismo y dolores estomacales. Por eso, consideró que la diligencia no solo es innecesaria, sino que además puede traducirse en una afectación emocional para la menor.
Violencia institucional en proceso de custodia: denuncia, revocación y contexto del caso
La denuncia de violencia institucional en proceso de custodia surge en medio de un litigio familiar que, de acuerdo con Ayala Suárez, inició en 2020. La madre explicó que actualmente existe un esquema de custodia compartida, pero aseguró que su ex pareja busca obtener mayores tiempos de convivencia y realizar cobros que ella considera indebidos.
En ese contexto, afirmó que la intención de volver a citar a su hija para declarar forma parte de una cadena de actuaciones que, a su juicio, no corresponden al interés superior de la niñez. La mujer insistió en que la menor no tendría que cargar con el peso de un procedimiento que, dijo, tiene un fondo patrimonial y económico entre adultos.
Además, señaló sentirse en desventaja dentro del proceso, ya que su ex pareja forma parte del Poder Judicial y trabaja en el Juzgado Cuarto Familiar. A partir de ello, dijo haber observado resoluciones y movimientos procesales que considera fuera de lo ordinario.
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Carta de la menor y efectos emocionales del proceso
De acuerdo con la madre, la niña redactó una carta en la que expresa su derecho a no seguir participando en el procedimiento judicial. En el documento, la menor señala que ya acudió anteriormente a declarar y que quiere a sus padres por igual, por lo que no desea verse involucrada otra vez en el conflicto.
Para Ayala Suárez, ese mensaje refleja con claridad que la menor busca mantenerse al margen del litigio. Añadió que, tras enterarse de la nueva diligencia, la niña comenzó a presentar malestares físicos y emocionales.
La madre planteó que obligarla a comparecer nuevamente podría convertirse en una forma de revictimización, sobre todo si ya existe una manifestación previa de la menor dentro del expediente. Por eso, el recurso de revocación busca frenar esa nueva intervención judicial.
Violencia institucional en proceso de custodia y señalamientos al Poder Judicial
Ayala Suárez también denunció presuntas irregularidades durante el trámite del caso. Entre ellas, mencionó promociones que se resuelven de un día para otro, notificaciones sin cita previa y requerimientos que calificó como ociosos. Desde su perspectiva, este tipo de actuaciones generan desgaste y colocan a una de las partes en condiciones de vulnerabilidad.
“Jamás he visto que actúen de manera oficiosa en un juzgado familiar, salvo en el caso de querer ayudar o de querer favorecer a una contraparte”, expresó.
La mujer pidió que el asunto se resuelva con perspectiva de género, imparcialidad e igualdad de condiciones para ambas partes. También señaló que, a partir de lo vivido, detectó que otras personas enfrentan experiencias similares dentro de procesos familiares, por lo que decidió impulsar un grupo de apoyo para orientar y acompañar a quienes atraviesan litigios de este tipo.
El caso abre discusión sobre el alcance de la actuación judicial en asuntos de custodia, los límites de la participación de niñas, niños y adolescentes en procedimientos familiares, y la necesidad de que las decisiones se tomen con enfoque de derechos de la niñez y sin reproducir dinámicas de presión institucional.
