CEDH sobre documentos dañados en Fiscalía fue la postura fijada por el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, al señalar que no hay elementos para afirmar que las investigaciones se verán frenadas por los daños registrados en instalaciones de la Fiscalía General del Estado durante la marcha del 8M en Tijuana.
Durante un evento en Tecate, el ombudsperson estatal llamó a no generar alarma en torno a los documentos afectados, luego de que la propia Fiscalía informara que, en su mayoría, se trata de copias y no de expedientes originales vinculados con carpetas de investigación. En ese contexto, sostuvo que el reclamo expresado por colectivas y manifestantes debe entenderse dentro de una realidad marcada por la deuda institucional en el acceso a la justicia para las mujeres.
CEDH sobre documentos dañados en Fiscalía, el alcance del daño y el derecho a protestar
La postura de la CEDH sobre documentos dañados en Fiscalía se dio después de que circularan señalamientos sobre posibles afectaciones a expedientes tras las acciones realizadas en la movilización del Día Internacional de la Mujer. Para el titular del organismo, es necesario revisar los hechos con cuidado y evitar conclusiones anticipadas sobre un supuesto retraso automático en los procesos de justicia.
“No hay que alarmarnos en el sentido de que la justicia va a tardar o las investigaciones van a tardar por el hecho de haberse introducido a Fiscalía o al tribunal. Recordemos que estamos en el año 2026, todo está documentado, tienen archivos, pero respetamos el reclamo”, expresó.
La declaración coloca dos temas sobre la mesa. Por un lado, la capacidad institucional de resguardar información y continuar investigaciones. Por otro, el sentido político y social de una protesta feminista que, en distintos puntos del país, ha recurrido a intervenciones en edificios públicos como forma de denunciar impunidad, violencia y falta de respuesta oficial.
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Qué dijo la CEDH sobre documentos dañados en Fiscalía
Ochoa Orduño aclaró que la Comisión no respalda la destrucción de expedientes o documentación oficial, pero también planteó que el tema no debe abordarse únicamente desde una lógica punitiva inmediata. Señaló que, si la autoridad considera que hubo un delito, corresponde iniciar las investigaciones que marque la ley, aunque insistió en que hasta ahora no se ha reportado la pérdida de documentos originales.
“Si la autoridad inicia alguna investigación, podrá reiniciarla porque estamos, lamentablemente, ante un delito que se está cometiendo; pero estamos viendo que ya dijo la fiscal que no se perdieron los documentos”, agregó.
Esa precisión resulta clave en la discusión pública, porque una parte del debate tras la marcha se centró en si las acciones dentro de instalaciones oficiales afectaron o no el acceso a la justicia de víctimas y denunciantes. La versión compartida por la Fiscalía, retomada por la CEDH, apunta a que no hubo pérdida de archivos sustantivos.
Libertad de expresión y vigilancia durante la marcha del 8M
El presidente de la Comisión también informó que personal del organismo estuvo presente durante la marcha para observar el desarrollo de la manifestación y verificar que se respetara el derecho a la libertad de expresión.
De acuerdo con su reporte, no se registraron ni tuvieron conocimiento de detenciones arbitrarias durante la jornada en Tijuana. Esa observación se inserta en un contexto en el que organismos públicos de derechos humanos suelen desplegar personal en protestas de alto impacto para documentar posibles abusos de autoridad y dar seguimiento a que la actuación policial se mantenga dentro de los límites legales.
Más allá de los daños materiales, el mensaje de la CEDH apunta a que el fondo del reclamo sigue vigente: la exigencia de justicia para mujeres víctimas de violencia. En ese sentido, el organismo reconoció que existe una deuda pendiente del Estado mexicano y que las manifestaciones del 8M deben leerse también desde esa exigencia colectiva.
El señalamiento no cancela el debate sobre los límites de la protesta, pero sí introduce un matiz relevante: discutir los hechos sin perder de vista el origen del reclamo. En Tijuana, como en otras ciudades del país, la conversación tras el 8M no solo pasa por los inmuebles intervenidos, sino por las razones que mantienen a miles de mujeres en las calles cada año.
