8M Tijuana volvió a generar posicionamientos públicos después de que el colectivo Operación Rescate A-Rodríguez se deslindó de las acciones registradas en las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) durante la marcha del Día Internacional de la Mujer, realizada el pasado 8 de marzo en la Zona Río.
La postura fue fijada la mañana de este martes frente a las instalaciones de la FGE, donde Felipe Rodríguez, representante y fundador del colectivo, aseguró en rueda de prensa que ninguna persona activa de su organización participó en los hechos ocurridos en la dependencia estatal, pese a que en redes sociales circularon imágenes de una mujer con una playera del colectivo durante las intervenciones registradas ese día.
“Operación Rescate no participó directa ni indirectamente, no hubo ningún miembro activo participando”, declaró.
El pronunciamiento ocurre luego de que la jornada del 8M en Tijuana dejara pintas, daños materiales e intervenciones en distintos espacios públicos y edificios gubernamentales, en medio de una movilización encabezada por colectivas feministas, madres buscadoras, familiares de víctimas y activistas que exigieron justicia frente a la violencia de género, las desapariciones y la impunidad.
8M Tijuana, Fiscalía y postura del colectivo
Durante la rueda de prensa, Rodríguez explicó que la mujer que aparece en publicaciones difundidas en redes sociales sí estuvo vinculada al colectivo en otro momento, pero afirmó que ya no forma parte activa de Operación Rescate A-Rodríguez ni participa actualmente en sus actividades.
Según su versión, se trata de una madre buscadora que emprendió la búsqueda de su hija después de que fuera privada de la libertad en la colonia Delicias 3, y que la joven fue localizada aproximadamente un año después. Con ese contexto, el representante insistió en que la organización no tuvo participación en las acciones atribuidas al grupo durante la protesta.
El señalamiento abre una discusión importante en el marco del 8M Tijuana: la diferencia entre la identidad colectiva, las trayectorias personales de quienes han pasado por organizaciones de búsqueda y la responsabilidad directa en actos específicos ocurridos durante una movilización.
También expone cómo, en un contexto de protesta social y circulación acelerada de imágenes en redes, pueden construirse asociaciones públicas sin que necesariamente exista una participación orgánica o vigente de un colectivo en determinados hechos.
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Qué dijo el colectivo sobre las carpetas de investigación
Otro de los puntos abordados por Rodríguez fue la posible afectación a expedientes o carpetas de investigación dentro de la Fiscalía. Señaló que, hasta el momento, no ha tenido contacto directo con la FGE para confirmar si alguno de los casos relacionados con su colectivo resultó afectado tras los daños reportados en el edificio.
No obstante, consideró poco probable que eso haya ocurrido, al señalar que los archivos se encontrarían en otra parte del inmueble.
Ese elemento no es menor. En el debate posterior a las protestas feministas, una de las discusiones recurrentes gira en torno a si los daños materiales en instituciones afectan o no procesos de justicia para víctimas y familias. En una ciudad como Tijuana, donde madres buscadoras y familias de personas desaparecidas mantienen exigencias constantes hacia la Fiscalía, esa pregunta toca una preocupación real: el temor a que la crisis institucional termine afectando todavía más el acceso a la verdad y a la justicia.
8M Tijuana: protesta, memoria y tensiones tras la movilización
Hablar del 8M Tijuana con perspectiva de género implica no reducir la cobertura a los daños materiales. La movilización del 8 de marzo en la ciudad estuvo marcada por la presencia de mujeres que salieron a denunciar feminicidios, desapariciones, violencia sexual, revictimización e impunidad.
En ese contexto, los posicionamientos posteriores —como el del colectivo Operación Rescate A-Rodríguez— forman parte de las tensiones que quedan tras una jornada de protesta: quiénes participaron, cómo se interpreta la acción directa, qué papel juegan las colectivas y cómo responden las instituciones señaladas por las manifestantes.
El deslinde del colectivo no cancela el fondo de la protesta. Más bien se inserta en un momento donde distintos actores buscan precisar responsabilidades en medio de una exigencia más amplia: que las autoridades dejen de responder solo a los efectos visibles de la protesta y atiendan las causas que la sostienen, entre ellas la violencia contra las mujeres y la falta de justicia para víctimas y familias.








