Violencia vicaria en Tijuana enfrenta obstáculos particulares por la condición fronteriza de la ciudad, donde algunos agresores recurren a tribunales de Estados Unidos para complicar o evadir resoluciones emitidas por juzgados mexicanos. Esta dinámica genera procesos legales paralelos que afectan principalmente a madres que buscan mantener la convivencia con sus hijos o hacer valer resoluciones judiciales, explicó Estefanía Plascencia Ponce, presidenta y cofundadora del colectivo CESODI.
De acuerdo con la activista, la cercanía con Estados Unidos permite que ciertos casos se trasladen a tribunales del otro lado de la frontera cuando una de las partes no está conforme con decisiones tomadas por jueces en México. Esto provoca que las mujeres enfrenten litigios simultáneos en dos sistemas judiciales distintos.
“Por ser una ciudad fronteriza, en Tijuana se da mucho este contexto de jugar con las dos autoridades. Si a un agresor no le gusta cómo el juez dictó una sentencia aquí o dictó una convivencia, se van a las autoridades de Estados Unidos y complican los procesos”, explicó.
Violencia vicaria en Tijuana, tribunales y procesos legales transfronterizos
La violencia vicaria en Tijuana suele incluir un componente transfronterizo que agrava los procesos judiciales. Según CESODI, algunos agresores inician procedimientos legales en tribunales estadounidenses para modificar custodias, suspender convivencias o retrasar resoluciones ya dictadas en México.
Esta situación deriva en lo que activistas identifican como violencia procesal, una forma de desgaste legal y emocional que obliga a las madres a enfrentar una “vida judicializada” en dos países.
Además, muchas de las mujeres involucradas no cuentan con visa estadounidense, lo que limita su capacidad para acudir a audiencias o defenderse en tribunales del otro lado de la frontera. En contraste, algunos agresores son ciudadanos estadounidenses o trabajan en Estados Unidos, lo que amplía sus posibilidades de acción legal.
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Dificultades para pensiones alimenticias y convivencia
Otro de los problemas que surgen en la violencia vicaria en Tijuana es el cumplimiento de obligaciones económicas. Cuando el padre trabaja en Estados Unidos, demostrar ingresos o exigir el pago de pensión alimenticia se vuelve más complejo para las autoridades mexicanas.
Este contexto también impacta directamente en la relación entre madres e hijos. La manipulación del vínculo, la sustracción o la obstrucción de convivencias son algunas de las prácticas que caracterizan la violencia vicaria.
Plascencia Ponce explicó que estas estrategias buscan afectar emocionalmente a las mujeres utilizando a los hijos como medio de presión o castigo.
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Violencia vicaria en Tijuana: acompañamiento de colectivas
El colectivo CESODI brinda acompañamiento legal y psicológico a mujeres que enfrentan violencia vicaria en Tijuana. Actualmente, más de 150 madres forman parte de esta organización, donde reciben apoyo para enfrentar procesos judiciales que suelen ser prolongados y emocionalmente desgastantes.
La activista señaló que muchas de las integrantes atraviesan procesos de revinculación con sus hijos, mientras otras apenas comienzan litigios que pueden extenderse por años.
El colectivo también trabaja con una red de abogados aliados especializados en este tipo de casos. El acompañamiento busca integrar estrategias legales con perspectiva de género e infancia, además de apoyo psicológico para las víctimas.
“La justicia ha llegado tarde para muchas o no ha llegado. Nosotras tratamos de ofrecer una red de apoyo integral, con litigio estratégico y acompañamiento emocional”, señaló.
En Baja California, la violencia vicaria fue incorporada en 2023 a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tras una iniciativa impulsada en 2022 junto con la Red de Mujeres Unidas por Baja California.
La reforma reconoció formalmente esta forma de violencia de género, en la que el agresor utiliza a los hijos u otras personas cercanas para causar daño emocional a la mujer.
A partir de ese proceso legislativo surgió el colectivo CESODI, integrado por madres que enfrentan este tipo de situaciones y que buscan acompañamiento legal y apoyo mutuo frente a procesos que, en muchos casos, se extienden entre México y Estados Unidos.
