AGENCIAS.-El cantante de narcocorridos, Gerardo Ortiz, se declaró culpable de un cargo por conspiración tras violar la Ley Kingpin, legislación que permite a Estados Unidos sancionar a personas o empresas extranjeras involucradas en el tráfico de drogas.
El músico de 35 años admitió haber participado en al menos seis conciertos organizados en México por un promotor sancionado en 2018 por el Departamento del Tesoro, bajo la acusación de lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Ortiz ha estado cooperando con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el caso contra Ángel del Villar, dueño de la disquera Del Records, quien está siendo juzgado en una corte de Los Ángeles por presuntamente violar la misma ley. Del Villar, quien fue representante de Ortiz y un reconocido productor de música regional mexicana, se ha declarado inocente y sus abogados confían en que será absuelto.
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Según el Departamento de Justicia, Del Villar habría trabajado con el promotor de conciertos Jesús Pérez Alvear y su empresa Gallística Diamante, ambos señalados por sus presuntos lazos con el CJNG. Pérez Alvear, alias Chucho, fue asesinado en diciembre pasado en un restaurante de la Ciudad de México.
Gerardo Ortiz testigo clave contra Ángel del Villar
Gerardo Ortiz es considerado un testigo clave en el juicio contra Del Villar y se espera que testifique en los próximos días.
La declaración de culpabilidad de Ortiz se había mantenido en reserva hasta este martes, cuando el fiscal federal Alex Schwab reveló en la corte su participación en la conspiración y confirmó que el cantante ya había admitido su delito y colaboraba con la investigación.
Ortiz y Del Villar trabajaron juntos desde 2009. Sin embargo, en 2018, el FBI interceptó al cantante y le advirtió que violaría la Ley Kingpin si realizaba un concierto en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, el 27 de abril de ese año. Pese a la advertencia, Ortiz no solo se presentó en dicho evento, sino que también ofreció otros cinco conciertos en estados como Sonora, Sinaloa y Nuevo León.
A su regreso a Estados Unidos, Ortiz fue interrogado y comenzó a colaborar con el FBI. No obstante, la Fiscalía le imputó un cargo de conspiración para violar la Ley Kingpin, del cual se declaró culpable en una fecha aún no revelada.