MEXICALI.- Para proteger el derecho a la salud, las diputadas y los diputados locales avalaron con 24 votos a favor, el proyecto de reforma constitucional que busca sancionar toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares, así como con sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y otras drogas sintéticas no autorizadas.
Esta modificación a la Carta Magna, establece la prohibición de la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquiera otra actividad vinculada a los productos y sustancias mencionados.
El diputado Juan Manuel Molina García presentó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en el cual se subraya la importancia de esta reforma.
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Cabe mencionar que el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 4o y un párrafo segundo al artículo 5o, de la Constitución Política Mexicana, fue aprobado previamente por el Senado y remitido a este Congreso el día de ayer.
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La urgencia de proteger la salud pública
La necesidad de esta reforma constitucional radica en la creciente amenaza que representan dispositivos electrónicos y vapeadores, así como el aumento en el uso de drogas sintéticas, incluyendo el fentanilo.
Estas sustancias y dispositivos constituyen un riesgo grave para la salud pública, especialmente entre la juventud, quien es particularmente vulnerable a su consumo.
Con esta reforma, no solo se busca sancionar su comercialización y uso ilícito de estos productos, sino también fortalecer el marco legal para combatir estas prácticas de manera efectiva y preventiva, protegiendo así a la sociedad de sus peligros.
De esta manera, la votación a favor del proyecto de reforma constitucional contó con el respaldo de las diputaciones de MORENA, PVEM, PAN, FxM, PT, PESBC, y PRI, mientras que la diputada del partido MC emitió su voto en contra. Este resultado refuerza el compromiso de la mayoría legislativa con la protección de la salud pública y el bienestar colectivo, al establecer medidas claras para sancionar prácticas perjudiciales y peligrosas para la sociedad.
