Por Ma. Elena Andrade Ramírez, Comisionada del Sistema Estatal Penitenciario de Baja California.
El Día Internacional de los Derechos Humanos es un día especial para quienes tenemos el privilegio de ser servidores públicos y la obligación, por el encargo que desempeñamos, de respetar la dignidad y los derechos de las personas.
El gobierno que encabeza en Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda está comprometido con la protección de los Derechos Humanos, y reconoce que son universales, indivisibles e interdependientes y son guía visión y misión de la administración humanista que hoy por hoy gobierna a los bajacalifornianos.
Es importante destacar que nuestra Constitución Federal y nuestro sistema jurídico son coherentes con el sistema universal de derechos humanos, porque se concibe la pena como un medio resocializante, vinculada a las etapas de perfeccionamiento de regeneración y readaptación social, buscando que la reinserción social, tenga efectos positivos en aras de la paz y la seguridad de toda la población. Así, el concepto de reinserción social tiene que ver con mejores formas de relación e integración humana, que incluye a todos sus componentes en beneficio de la sociedad.
De tal manera que, desde el año 2008, en México se contemplo una reforma integral en materia de seguridad y justicia que tuvo presente de manera acertada la importancia de la reinserción social. Se redefinió en el artículo 18 de nuestra Carta Magna que el sistema penitenciario se organizara sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, esto como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad. Procurando que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para el prevé la ley.
Así, en Baja California, estamos laborando en el Sistema Estatal Penitenciario para corregir las irregularidades que se adviertan, respetando en todo momento la Constitución Federal y del Estado en materia de garantías individuales y respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
Para ello, estamos trabajando en un diagnóstico que permita implementar las transformaciones necesarias para fortalecer el sistema de respeto a los derechos humanos; se están revisando diversos temas entre otros: proceso penal, clasificación, seguridad y custodia, falta de orden y disciplina. Con ello buscamos erradicar posibles tratos crueles, inhumanos y degradantes, extorsiones, aislamientos injustificados, cualquier tipo de tortura. Observamos también el tema de la educación, capacitación para el trabajo, salud y deporte así como visita familiar y convivencia al interior de los Centros de Reclusión.
Tratar a las personas privadas de la libertad con humanidad y respeto de su dignidad es una norma fundamental de aplicación universal, sin distinción de ningún tipo. Las personas privadas de su libertad en los Penales del Estado tienen derecho a recibir un trato digno y una ubicación adecuada. Derecho a contar con instalaciones dignas para la vida cotidiana en prisión. Derecho a obtener alimentos suficientes en calidad y en cantidad. Derecho a recibir atención médica psicológica y psiquiátrica dentro de la prisión. Las mujeres tienen derecho a la protección en condiciones de igualdad con los hombres y estar alojadas en locales exclusivos para ellas.
Desde el arranque del actual Gobierno, en los Centros de Reinserción Social partimos de la concepción de que el Estado debe tutelar los derechos humanos y salvaguardar las garantías individuales de las personas privadas de la libertad. Es decir, el respeto a los derechos humanos es la visión y misión del Sistema Estatal Penitenciario y la encomienda que me fue otorgada por nuestra gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
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